Atlántico - La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra Rosa Irene Rosado Hernández, gerente de la Empresa Social del Estado (ESE) Centro de Salud Usiacurí - José María Ferez Farah, en el Departamento del Atlántico. La acusación se basa en una presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones, ya que habría decretado medidas cautelares en un proceso coactivo sin contar con las competencias ni facultades para ello.
Las investigaciones indican que Rosado Hernández ordenó el embargo de recursos parafiscales, lo que incluyó la retención de cerca de $883’441.446 depositados por la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. en diversas cuentas bancarias. Esto abarca cuentas corrientes, de ahorro y CDT en instituciones financieras en todo el país. Esta situación ha generado inquietud tanto entre los organismos de control como entre la comunidad, dado que el adecuado manejo de estos recursos es fundamental para la prestación del servicio de salud.
La Procuraduría ha señalado que la gerente aparentemente ignoró la inembargabilidad de los recursos destinados al sistema general de seguridad social en salud. Con su actuación, se considera que Rosado Hernández transgredió los límites establecidos por la Constitución, la ley y el manual de funciones de la ESE. Según la Procuraduría, "el manejo de los recursos destinados a la prestación del servicio de salud no puede depender de la voluntad de un servidor público", lo que subraya la importancia de seguir las normas para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema.
Este caso no solo pone en relieve posibles irregularidades en la ESE Centro de Salud Usiacurí, sino que también enfatiza la necesidad de una administración pública clara y responsable. La gestión de recursos públicos es un tema delicado y la confianza de la ciudadanía en las instituciones de salud depende del cumplimiento de las normativas establecidas.
La acción de la Procuraduría representa un esfuerzo por garantizar que cualquier abuso de poder en el manejo de recursos públicos sea investigado y sancionado. En un contexto donde la salud es un derecho fundamental, es crucial que los fondos se utilicen de manera adecuada y transparente, ya que la atención médica, especialmente en áreas vulnerables, depende de una correcta administración de los recursos disponibles.
La comunidad está atenta a los desarrollos de este caso, que afecta no solo a la exgerente, sino también a la ESE Centro de Salud Usiacurí y su capacidad para brindar servicios de salud de calidad. Este incidente plantea la necesidad de reforzar la capacitación y supervisión de los funcionarios públicos en la administración de recursos destinados a la salud.
Es fundamental que se implementen políticas claras y auditorías periódicas para prevenir abusos y garantizar un uso eficiente de los fondos. La responsabilidad administrativa y la ética en el servicio público deben ser prioridades para todas las instituciones gubernamentales.
