Bogotá - El Senador David Luna ha radicado ante el congreso de la Republica una ponencia negativa al proyecto de Ley de "sometimiento" a las "estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto", impulsado por el gobierno de Gustavo Petro. En su ponencia, el Senador Luna destaca varios aspectos problemáticos de esta iniciativa, que han generado gran preocupación en la opinión pública.
En primer lugar, el Senador Luna argumenta que el proyecto de ley vulnera los convenios internacionales ratificados por Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la reparación integral a las víctimas. Señala que la iniciativa desconoce los derechos de las víctimas y promueve el "saneamiento" de dineros ilícitos, lo que podría dar lugar a la impunidad y privilegios desproporcionados para las estructuras armadas.
Además, el proyecto contempla la suspensión de la ejecución de la pena y la renuncia a la persecución penal, lo que permitiría la liberación inmediata de criminales condenados por delitos graves, incluso antes de cumplir las sentencias establecidas por los jueces. El Senador Luna considera que esta medida favorece la impunidad y podría interpretarse como un indulto encubierto.
Otro aspecto preocupante es que el proyecto de ley podría beneficiar a las disidencias de grupos guerrilleros, incluso después de haber incumplido los Acuerdos de Paz. Aunque se menciona que se excluye a grupos y organizaciones armadas rebeldes con los cuales el Gobierno Nacional adelanta procesos de diálogo o conversaciones de paz, el Senador Luna sugiere que debería especificarse también la exclusión de las disidencias de grupos con los cuales se hayan pactado acuerdos en el pasado.
Por último, el Senador Luna resalta que el proyecto de ley podría vulnerar el principio de separación de poderes, al establecer como obligación de la Fiscalía General de la Nación entregar información a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre indagaciones, investigaciones y procesos penales en curso. Esta disposición plantea interrogantes sobre la autonomía e independencia de la Fiscalía.
