La Procuraduría General de la Nación ha manifestado su profunda preocupación por un reciente decreto emitido por el Ministerio de Agricultura bajo el título "Promoción de la Movilización y Organización Campesina", argumentando que este decreto excede las facultades reglamentarias del Gobierno Nacional.
La Procuraduría ha planteado la posibilidad de que el Gobierno esté utilizando este decreto como una herramienta para respaldar su proyecto de reforma agraria mediante movilizaciones sociales. Aunque el texto del decreto hace un "llamado a la movilización y organización campesina" y propone la creación de comités municipales como un "mecanismo de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria", la falta de claridad en su contenido ha suscitado inquietudes.
Otro aspecto destacado por la Procuraduría es la omisión en el proyecto de hacer referencia a la libre asociación, un derecho consagrado en el artículo 38 de la Constitución Política, que garantiza a los ciudadanos la posibilidad de unirse y formar asociaciones para llevar a cabo proyectos comunes. Esta ausencia plantea cuestionamientos sobre la protección de los derechos de los campesinos.
La Procuraduría subraya que la expedición de un decreto que regula derechos de manera tan específica, y posiblemente involucra recursos públicos para la participación de campesinos en movilizaciones, excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo. El comunicado también hace un llamado al Gobierno Nacional para que garantice la protección de los derechos del campesinado a través de los canales institucionales existentes, evitando la proliferación de espacios que puedan comprometer la capacidad de respuesta efectiva y el cumplimiento de acuerdos.
