Colombia - La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que declare inconstitucionales las leyes que permiten el matrimonio con menores de 18 años en Colombia. Según la entidad, esta práctica vulnera los derechos fundamentales de los menores, especialmente de las niñas, y es incompatible con tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
El concepto presentado por la Procuraduría ante la Corte destaca que la legislación vigente, en particular los artículos 117, 124 y 140 del Código Civil y el artículo 53 de la Ley 1306 de 2009, contradice los compromisos internacionales asumidos por Colombia. En dichos tratados se establece que los menores no poseen la capacidad de dar un "consentimiento pleno, libre e informado" para contraer matrimonio, lo que coloca en riesgo su integridad y desarrollo.
La Procuradora General, Margarita Cabello, resaltó la necesidad de que Colombia se ajuste a los estándares internacionales, como lo exige la CEDAW, que considera el matrimonio infantil como una violación a los derechos de las niñas y adolescentes. Según el Ministerio Público, la prevalencia de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales, como lo establece el artículo 93 de la Constitución, obliga a la Corte a tomar una decisión en favor de los derechos de los menores.
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El argumento central de la Procuraduría se basa en la protección de los menores y las mujeres, subrayando que la legislación actual no ofrece garantías suficientes para evitar abusos o situaciones de explotación derivadas del matrimonio infantil. La entidad insistió en que este tipo de uniones perpetúa ciclos de desigualdad y afecta principalmente a las niñas, quienes son las más vulnerables a ser presionadas para contraer matrimonio en contextos de pobreza o exclusión social.
En su solicitud, la Procuraduría también hizo un llamado a los legisladores para que eliminen definitivamente cualquier disposición que permita el matrimonio infantil, adaptando la legislación colombiana a los compromisos internacionales adquiridos por el país. De esta manera, el Estado colombiano podría garantizar una protección efectiva a los menores de edad y cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
La Corte Constitucional ahora tiene la responsabilidad de emitir un fallo que podría transformar la regulación del matrimonio en Colombia. La decisión no solo tendrá un impacto en las leyes nacionales, sino que también reflejará el compromiso del país con la protección de los derechos de los niños y las niñas, alineándose con las normas internacionales que prohíben el matrimonio infantil.
