Colombia – Los celos y la infidelidad son la principal causa de violencia de pareja en Colombia. Un nuevo proyecto de ley busca atacar ese problema desde su raíz: las aulas de clase.
La senadora Karina Espinosa Oliver radicó el proyecto de ley “Cero Cacho, Cero Violencia”, que reformaría la Ley General de Educación para obligar a todos los colegios del país a enseñar sobre relaciones sanas y prevención de violencia. La iniciativa modifica la Ley 115 de 1994 y la Ley 1620 de 2013, con el objetivo declarado de convertir los centros educativos en “epicentros de la transformación social”.
El articulado no establece sanciones ni penaliza la infidelidad. Su enfoque es completamente preventivo y educativo. Según los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal citados en la exposición de motivos, entre el 60% y 70% de los casos de violencia intrafamiliar reportados en los últimos 26 años corresponden a violencia de pareja.
Los factores desencadenantes son claros. En 2023, los celos, la desconfianza y la infidelidad fueron la causa principal del 42,86% de los casos de agresión contra mujeres y del 33,70% contra hombres. La intolerancia y el machismo ocuparon el segundo lugar, seguidos por el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
El proyecto define legalmente el “cacho” como toda “conducta nociva, penosa, inmoral, perjudicial, incorrecta, cruel, qué una persona comete hacia otra”. Aclara que una relación sana se basa en el “respeto, la fidelidad, la lealtad, la confianza y la tolerancia”.
¡Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al instante! ►▓▓◄
Para lograr el cambio, la iniciativa plantea modificaciones concretas. Incorpora la “educación y promoción de las relaciones sanas” como uno de los fines de la educación colombiana. La convierte en parte de la enseñanza obligatoria en los niveles de preescolar, básica y media.
Además, integra este componente de forma transversal en el área de “Ética y Valores Humanos”. Esto significa que no necesariamente creará una asignatura nueva, pero sí deberá ser incluido en el plan de estudios y el currículo de todos los colegios oficiales y privados.
La formación de los docentes es otro pilar fundamental. El proyecto ordena que los educadores reciban capacitación en “cognición social” y “responsabilidad emocional” para poder enseñar estos contenidos. El Ministerio de Educación Nacional sería el encargado de diseñar y implementar estas capacitaciones.
El alcance de la ley sería masivo. Afectaría a todos los estudiantes del sistema educativo formal colombiano. También involucra a las familias, al instruir que las “escuelas de padres” incluyan formación para prevenir la violencia de pareja y fortalecer la cognición social.
El contexto social justifica la urgencia. Medicina Legal reporta que la violencia interpersonal e intrafamiliar representa más del 70% de las lesiones no fatales atendidas en el país. Esta cifra supera con creces las causadas por accidentes de tránsito o desastres naturales.
El grupo de edad más afectado por la violencia de pareja está entre los 25 y 34 años. Sin embargo, las cifras preocupan desde la adolescencia. En 2023, se atendieron 732 casos de mujeres entre 15 y 17 años y 25 casos de hombres en el mismo rango de edad víctimas de agresión por parte de su pareja.
La iniciativa no busca entrar a debatir o modificar las causales de divorcio. Tampoco propone cambios al Código Penal. Su herramienta es exclusivamente la pedagogía. El objetivo es que los jóvenes aprendan a identificar relaciones tóxicas a tiempo y desarrollen herramientas para construir vínculos saludables.
El proyecto también aborda otro factor desencadenante de conflictos: la economía. Incluye la promoción del emprendimiento y la educación económica y financiera como una forma de reducir la violencia derivada de la escasez de recursos. Apunta a reducir la cifra de jóvenes “ninis” (que no estudian ni trabajan), que actualmente ronda los 2,5 millones.
La implementación dependerá del Ministerio de Educación. El proyecto establece que, de ser aprobado, el Gobierno Nacional tendrá un plazo de seis meses para reglamentar toda la ley. Esto incluye los lineamientos para los contenidos, la capacitación docente y los mecanismos de seguimiento.
El seguimiento será clave. La ley ordena que los colegios realicen una evaluación anual de la implementación de estas enseñanzas. Los resultados deberán ser enviados al Ministerio de Educación, que a su vez emitirá un concepto y podrá formular planes de mejora.
La inspección y vigilancia del cumplimiento recaerá sobre el Ministerio de Educación a nivel nacional y sobre las secretarías de educación certificadas en los territorios. Son ellas las encargadas de asegurar que los colegios cumplan con incluir estos contenidos en sus proyectos educativos.
El proyecto ya inició su trámite legislativo. Deberá ser debatido en las comisiones correspondientes del Senado y luego en plenaria. Su destino final será la Cámara de Representantes, donde también deberá superar varios debates antes de llegar a sanción presidencial.
La senadora Espinosa ha sido enfática en aclarar el propósito de su iniciativa. “Esta ley no busca cárcel para nadie. Esta ley no sanciona la infidelidad. No es punitiva, es preventiva y educativa”, afirmó en respuesta a la desinformación que circuló en algunos medios.
La polémica sobre el nombre “Cero Cacho” parece ser una estrategia comunicativa. Busca generar impacto y recordación alrededor de la prevención de la principal causa de violencia, no de su penalización. El contenido del articulado es claro y se mantiene dentro del ámbito educativo.
El debate público ahora se traslada al Congreso. Los legisladores deberán discutir si el sistema educativo colombiano debe asumir formalmente la tarea de enseñar a construir relaciones de pareja sanas como una estrategia de salud pública y prevención de la violencia.
El proyecto llega en un momento de reformas educativas. Se suma a otras iniciativas recientes, como la Ley de Educación Socioemocional, que buscan formar habilidades para la vida que trasciendan lo académico tradicional. El foco está en el desarrollo integral del estudiante.
Los datos de Medicina Legal funcionan como el sustento principal. El informe Forensis 2023 es la columna vertebral de la exposición de motivos, proporcionando la evidencia concreta que justifica la intervención desde las aulas de clase.
El éxito de la iniciativa, de ser aprobada, dependerá de su implementación práctica. La capacitación docente y la integración efectiva de estos contenidos en el currículo existente serán los desafíos operativos más grandes para lograr el objetivo de Cero Violencia.
