Bogotá D.C. – La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que no hay evidencia que vincule los 'falsos positivos' con órdenes directas del expresidente Álvaro Uribe Vélez ni con documentos oficiales de la Política de Seguridad y Defensa Democrática. La magistrada Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento, explicó que los hallazgos indican que estas prácticas no fueron parte de una política de Estado, sino el resultado de incentivos y presiones dentro del Ejército Nacional entre 2004 y 2007.
En su más reciente decisión, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales retirados, 25 oficiales, 10 suboficiales y dos civiles señalados como reclutadores de víctimas. Según el tribunal, estas personas habrían participado en la ejecución de 442 asesinatos y desapariciones forzadas en Antioquia, presentando a las víctimas como bajas en combate para mejorar las estadísticas operacionales de las unidades militares. 
Díaz detalló que la investigación se ha basado en documentos y testimonios que revelan cómo se ejercía presión sobre las tropas para obtener resultados, lo que llevó a una política interna de 'conteo de cuerpos'. La magistrada enfatizó que "hemos esclarecido que esta política, de facto, o sea en la práctica, no surge del documento oficial de la Política de Seguridad y Defensa Democrática, ni del Plan Patriota, ni del Manual de Estado Mayor 3-50". Es decir, no hay pruebas de una directriz institucional desde el alto gobierno que ordenara estos crímenes.
En el marco de la investigación, la JEP estableció que en 2006 hubo reuniones de alto nivel en Antioquia entre delegados del gobierno nacional y miembros de las Fuerzas Militares, donde se discutieron estrategias para contener el aumento de estos casos. Una de las medidas planteadas fue reforzar la participación de la Fiscalía General de la Nación en los procedimientos de levantamiento de cuerpos, ya que hasta ese momento, en muchos casos, las diligencias eran realizadas directamente por militares.
Los generales imputados en este proceso son Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria. Además de los altos mandos, la JEP también señaló la presunta responsabilidad de otros 35 uniformados y dos civiles, quienes habrían participado en la captura y ejecución de personas para hacerlas pasar como combatientes caídos en enfrentamientos.
Díaz precisó que la competencia de la JEP no incluye la investigación de expresidentes, por lo que las actuaciones del tribunal se centran exclusivamente en la cadena de mando militar y otros actores vinculados. Asimismo, indicó que el fenómeno de los 'falsos positivos' tuvo un incremento sostenido en Antioquia hasta 2004 y que a nivel nacional alcanzó su punto más alto entre 2006 y 2007. Las investigaciones continúan en curso con base en cientos de documentos, versiones y testimonios recopilados.
