Barranquilla – La Contraloría General de la República advirtió que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) podría suspenderse a partir de septiembre de 2025, si el Gobierno Nacional no asigna los $500 mil millones que aún faltan para garantizar su continuidad. La alerta encendió las alarmas en todo el país porque más de 3,5 millones de estudiantes dependen de estas raciones diarias para mantenerse en el sistema escolar.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, explicó que la situación se deriva de un déficit presupuestal que no ha sido cubierto a pesar de las solicitudes formales de la Unidad de Alimentación Escolar (UApA) al Ministerio de Hacienda. “La falta de recursos podría dejar a millones de niños sin acceso a la alimentación escolar, lo que afecta directamente su derecho a la educación y a la alimentación”, señaló.
El faltante fue detectado en mesas de control social y en visitas de seguimiento a distintas regiones del país, incluida la región Caribe. Los reportes oficiales se cortaron al 20 de agosto de 2025 y ya muestran el riesgo de que la prestación del servicio se interrumpa en 53 Entidades Territoriales Certificadas.
Colombia enfrenta así una amenaza que va más allá de la logística del PAE. La Contraloría advierte que el no garantizar los recursos tendría graves consecuencias sociales e institucionales, al comprometer no solo la permanencia educativa, sino la seguridad alimentaria de millones de familias que dependen de estas raciones como principal fuente de comida diaria.
En el Departamento del Atlántico la alerta no es nueva. Desde abril de 2025, la Contraloría había advertido que 20 municipios podrían enfrentar suspensión del PAE por vacíos en los contratos. Esa situación afectaba a más de 43.000 estudiantes, un antecedente que hoy conecta directamente con la advertencia nacional.
En Barranquilla, el panorama es distinto. La Alcaldía Distrital ha destinado recursos propios para fortalecer la alimentación escolar. En febrero se entregaron cocinas nuevas en cuatro colegios oficiales, y en abril se inauguraron comedores en las IED Simón Bolívar y La Libertad, beneficiando a más de 500 estudiantes. La inversión cercana a los $120 mil millones busca elevar la cobertura del programa de 16 millones a 20 millones de raciones anuales.
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La estrategia continuó en mayo con la apertura de una cocina-comedor en la Ciudadela Estudiantil, una obra de más de $1.000 millones que garantiza desayunos, almuerzos y meriendas calientes a 936 alumnos. Y en julio se sumó el CODEBA, en el barrio Boston, donde más de 800 estudiantes reciben ahora alimentos preparados en sitio gracias a una inversión de $421 millones en infraestructura.
Además, la administración local ha reforzado los comedores comunitarios, una red de 38 espacios donde cerca de 10.000 niños reciben comida nutritiva cada sábado. Estos proyectos se ejecutan con recursos de los impuestos distritales, lo que asegura independencia frente a los desembolsos nacionales.
La diferencia de escenarios entre la capital del Atlántico y el resto del país refleja cómo la falta de coordinación presupuestal del Gobierno Nacional amenaza con un apagón alimentario en las aulas. Mientras la Contraloría insiste en que el Ministerio de Hacienda debe girar los fondos, algunas ciudades se ven obligadas a crear soluciones locales para no interrumpir el servicio.
En sus comunicaciones oficiales, la UApA recordó que el 24 de junio y el 15 de agosto de 2025 solicitó la adición presupuestal urgente al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, hasta el momento no hay respuesta positiva. La falta de definición ha obligado a la Contraloría a elevar la advertencia pública y a exigir que los ministerios de Hacienda, Planeación y Educación actúen de manera coordinada.
La magnitud del impacto es clara: si no se corrige el déficit, a partir de septiembre más de 3,5 millones de niños y adolescentes se quedarían sin el PAE. El riesgo abarca a 53 entidades territoriales y amenaza con profundizar brechas sociales y educativas. La alimentación escolar es, para miles de familias, la única comida segura del día.
La Contraloría reiteró que seguirá haciendo seguimiento permanente al manejo de los recursos. El ente de control también dejó claro que la interrupción del PAE podría derivar en cuestionamientos institucionales, pues la Constitución reconoce el derecho a la alimentación y la obligación del Estado de garantizarlo.
El contraste entre la alerta nacional y las iniciativas locales en Barranquilla muestra dos realidades opuestas. Mientras la Contraloría advierte un déficit nacional sin resolver, el distrito destina sus propios recursos para asegurar la continuidad del servicio. Esa diferencia plantea un debate de fondo: la necesidad de que el Gobierno Nacional garantice estabilidad financiera a un programa que es esencial para el futuro de millones de estudiantes en Colombia.
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