Bogotá D.C. - La Fiscalía General de la Nación ha anunciado que el expresidente Álvaro Uribe será llevado a juicio por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Este acontecimiento marca un hito en la historia de Colombia, siendo la primera vez que un exmandatario comparecerá ante la justicia como acusado.
La decisión de llevar a juicio a Álvaro Uribe fue tomada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, después de que dos solicitudes de preclusión presentadas por fiscales diferentes fueran desestimadas por los jueces penales competentes. El escrito de acusación fue radicado por el delegado de la fiscalía, el Dr. Gilberto Villarreal, quien afirmó que se basa en "la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses".
Comunicado de Prensa de la Fiscalía↙️
Una vez que el Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá, realice el reparto y se determine el juzgado penal del circuito encargado del caso, se llevará a cabo la audiencia de formalización de la acusación. En dicha audiencia, se garantizará el derecho al debido proceso para todas las partes involucradas, incluyendo al investigado, su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación y las presuntas víctimas con sus apoderados.
El caso de Álvaro Uribe tiene antecedentes que se remontan a 2012, cuando el exmandatario presentó una demanda contra el senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema. Sin embargo, esta demanda tomó un giro inesperado cuando el juez encargado decidió no solo desestimarla, sino también abrir una investigación contra Uribe por posible manipulación de testigos.
En 2018, la Corte citó a Uribe para interrogarlo sobre acusaciones de fraude procesal y soborno, basándose en indicios de que, posiblemente a través de intermediarios como el abogado Diego Cadena, había intentado influenciar a exparamilitares para que testificaran en su contra.
En el año 2020, Uribe fue puesto bajo arresto domiciliario como parte de esta investigación, siendo el primer expresidente colombiano en enfrentar tal medida. Durante ese mismo año, una jueza rechazó por segunda vez cerrar el caso, argumentando que existían evidencias suficientes para considerar a Uribe potencialmente cómplice en los delitos de soborno y manipulación de testigos.
