Colombia - El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo, expidió un decreto reglamentario que fortalece la protección de quienes denuncian acoso sexual en el entorno laboral. La medida impone sanciones a los empleadores que tomen represalias contra los denunciantes y busca garantizar que las víctimas puedan ejercer sus derechos sin temor a represalias.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que “el decreto adopta medidas para imponer las multas por incurrir en despidos y para proteger a las y los trabajadores”. En ese sentido, la nueva normativa establece que si un empleador despide a un trabajador durante el proceso de denuncia o dentro de los seis meses posteriores, se asumirá que se trata de una represalia. Esto será considerado un despido injustificado y podrá acarrear sanciones económicas de entre 1 y 5.000 salarios mínimos diarios.
Según el decreto, cualquier despido dentro de ese período carecerá de validez, salvo en casos en los que el Ministerio del Trabajo otorgue autorización o si el trabajador tenía un proceso disciplinario abierto antes de presentar la denuncia. Esta medida busca evitar que se utilicen las denuncias como un mecanismo para eludir responsabilidades laborales previas.
Adicionalmente, si después de seis meses de interpuesta la denuncia el trabajador es despedido y alega que fue por su denuncia de acoso sexual, corresponderá al empleador demostrar que la decisión no estuvo motivada por la queja presentada. Esto refuerza la protección de las víctimas y desalienta prácticas de represalia por parte de los empleadores.
El decreto reglamentario también ampara a las personas que testifiquen en casos de acoso sexual, garantizando que no sean objeto de despidos injustificados como consecuencia de su colaboración en los procesos de investigación. La inclusión de estos testigos en el marco de protección busca fomentar la denuncia de estas conductas y fortalecer la lucha contra el acoso en los espacios de trabajo.
Con esta regulación, el Gobierno nacional busca brindar herramientas para combatir el acoso sexual en el entorno laboral y garantizar que las denuncias puedan realizarse en un ambiente seguro, sin temor a perder el empleo. La aplicación del decreto será vigilada por el Ministerio del Trabajo, que tendrá la facultad de imponer las sanciones establecidas.
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