La empresa pública española Canal de Isabel II, a través de su filial Canal Extensia, ha demandado a Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la venta de acciones de la Triple A de Barranquilla. Según la demanda, Colombia habría violado el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Colombia a través de varias actuaciones estatales, incluyendo las medidas adoptadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el marco del procedimiento de enajenación temprana de las acciones de la CEXA (antes INASSA), en la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. (Triple A).
Entre las medidas cuestionadas por Canal Extensia se incluyen la acción popular iniciada por la Procuraduría General de la Nación por presuntos pagos fraudulentos conforme al Contrato de Asistencia Técnica y el proceso de extinción de dominio contra las acciones de CEXA en la Triple A.
En octubre de 2018, durante el gobierno del expresidente Iván Duque, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) quedó a cargo del manejo y control de la compañía de acueducto de Barranquilla, Triple A, después de que la Fiscalía General de la Nación embargara las acciones que pertenecían a la empresa pública española Canal de Isabel II, asociada a Inassa, en medio de un supuesto caso de corrupción.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANJDE) de Colombia se encargará de defender los intereses litigiosos del Estado en este caso, en coordinación con las medidas adoptadas por La Sociedad de Activos Especiales (SAE) y demás entidades públicas involucradas en la controversia.
