Colombia - El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, demandó ante el Consejo de Estado la suspensión de órdenes de captura contra cabecillas criminales, al considerar que vulnera la justicia y favorece la impunidad en el marco de la política de paz total.
La acción judicial, radicada en Bogotá, busca anular la resolución mediante la cual la Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá. La solicitud incluye una medida cautelar urgente para frenar los efectos de la decisión mientras se resuelve el fondo del proceso y evitar que la medida continúe generando efectos en el territorio.
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“¡Antioquia resiste! Radicamos acción de nulidad con medida cautelar en el Consejo de Estado, en Bogotá, contra la jugada del presidente Gustavo Petro y la fiscal para liberar a los peores criminales del departamento. Desde el proceso 8.000 no veíamos tantas alianzas del crimen con organizaciones del Estado. Lo de ahora no es un elefante, sino todo Jurassic Park en la Casa de Nariño”, escribió el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en su cuenta de X.
La decisión objeto de la demanda se inscribe dentro de la estrategia de paz total impulsada por el Gobierno nacional, que busca habilitar canales de diálogo con estructuras criminales urbanas mediante esquemas de sometimiento o negociación sociojurídica. En este marco, la suspensión de las órdenes de captura tendría un carácter temporal que permitiría avanzar en acercamientos con voceros de estas organizaciones.
veo video de la radicacion de la demanda ↙️
Choque jurídico por suspensión de capturas
Entre los beneficiados con la medida figuran reconocidos cabecillas del crimen organizado en el Valle de Aburrá, como alias “Douglas”, “Tom”, “Carlos Pesebre” y “Juan 23”, así como otros líderes de estructuras como “El Montañero”, “Alber”, “Mundo Malo”, “Naranjo” y “Perica”, varios de ellos con trayectoria en redes de extorsión, narcotráfico y control territorial en Medellín y su área metropolitana, lo que ha generado un fuerte impacto en la percepción de seguridad.
La resolución de la Fiscalía se fundamenta en la posibilidad de suspender temporalmente actuaciones judiciales para facilitar procesos de diálogo con estructuras criminales, una figura que ha sido utilizada en distintos momentos bajo marcos excepcionales. Sin embargo, el alcance de esta facultad ha sido objeto de debate jurídico, especialmente cuando involucra organizaciones que no tienen estatus político.
Desde la Gobernación de Antioquia se advierte que la medida podría desbordar los límites legales al permitir que personas con procesos vigentes por delitos graves eviten su captura sin que exista un marco normativo suficientemente claro que respalde dicha decisión. Este argumento constituye uno de los ejes centrales de la demanda de nulidad presentada ante el alto tribunal.
El recurso plantea que la decisión afecta directamente a las víctimas de estos delitos, al generar una percepción de falta de justicia y debilitamiento institucional. Además, señala que impacta el trabajo de la fuerza pública, que durante años ha adelantado operativos para capturar a estos cabecillas en zonas urbanas altamente complejas.
“Se vulnera la justicia y a las víctimas, así como a jueces, fiscales, policías y soldados que han arriesgado su vida por capturarlos”, agregó el gobernador, al referirse a las consecuencias que, a su juicio, tendría la aplicación de esta medida en el territorio.
El debate también se traslada al ámbito institucional, donde se cuestiona la coordinación entre el Gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación para implementar este tipo de decisiones en el marco de la política de paz total. La discusión pone sobre la mesa los límites entre la política pública de seguridad y las competencias del sistema judicial.
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En el plano regional, distintos sectores han expresado preocupación por los efectos que la medida pueda tener en ciudades como Medellín y municipios del Valle de Aburrá, donde estas estructuras mantienen control sobre economías ilegales y dinámicas de extorsión, lo que podría traducirse en un reacomodo del poder criminal.
El Consejo de Estado deberá evaluar ahora la solicitud de medida cautelar presentada por la Gobernación de Antioquia, lo que implica analizar si existen fundamentos suficientes para suspender de inmediato los efectos de la resolución mientras se estudia la legalidad de fondo del acto administrativo.
Una eventual decisión favorable a la demanda implicaría la reactivación de las órdenes de captura contra los cabecillas incluidos en la medida, lo que tendría efectos directos sobre los procesos de diálogo en curso y sobre la estrategia de intervención del Gobierno nacional frente a estructuras criminales urbanas.
El desenlace del caso marcará un precedente sobre el alcance de las herramientas jurídicas disponibles para adelantar procesos de negociación con actores criminales y definirá los límites entre la búsqueda de paz y la garantía de justicia en escenarios urbanos complejos
