Colombia - La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, en el marco de dos procesos penales independientes que avanzan por actuaciones distintas y que serán presentados ante un juez de control de garantías.
La imputación corresponde, por un lado, a presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, en la que Roa se desempeñó como gerente, y por otro, a la compra de un apartamento en el sector del Chicó, en el norte de Bogotá, hecho que constituye el eje de la imputación por tráfico de influencias.
Fiscalía imputa cargos a Ricardo Roa presidente de Ecopetrol
La Fiscalía avanzará con imputaciones por dos procesos penales distintos.
Uno por financiación de campaña Petro presidente y otro por tráfico de influenciasLea en REDPRENSA ⤵️
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De acuerdo con lo expuesto por el fiscal del caso, la imputación relacionada con el delito de tráfico de influencias está alrededor de la adquisición del inmueble, operación que concentra el análisis del ente acusador en este expediente. La Fiscalía evalúa si la transacción pudo representar un beneficio indebido asociado a la posición y capacidad de influencia del investigado.
En este segundo proceso, el ente investigador analiza la eventual existencia de un conflicto de interés o de una coima anticipada, entendida como un beneficio otorgado con la expectativa de un favorecimiento futuro, aun cuando este no se haya materializado. La Fiscalía indaga las condiciones en las que se realizó la compraventa, el valor pactado y el contexto en el que se produjo la operación.
El vendedor del inmueble, identificado como Juan Guillermo Mancera, aparece como un actor relevante dentro de este expediente, en la medida en que su relación con la transacción es clave para establecer si existieron o no elementos constitutivos del delito imputado. Hasta el momento, su rol corresponde al de contraparte en la operación inmobiliaria objeto de análisis.
La imputación también se sustenta en que el investigado no ha presentado una explicación clara sobre el origen de los recursos utilizados para la compra del apartamento, aspecto que la Fiscalía considera relevante dentro del análisis penal de la operación.
De manera separada, la primera imputación se refiere a la investigación por la financiación de la campaña presidencial de 2022. En este caso, la Fiscalía examina el origen, manejo y reporte de los recursos utilizados durante el proceso electoral, así como la posible recepción de aportes de fuentes no autorizadas y una eventual superación de los topes de gasto establecidos por la ley.
Roa tuvo un rol central en esa campaña al fungir como gerente, responsabilidad que incluía la coordinación financiera y administrativa. Por esa razón, el ente acusador analiza su eventual responsabilidad penal en las decisiones relacionadas con la administración de los recursos y el cumplimiento de la normativa electoral vigente.
Ambos procesos, según ha precisado la Fiscalía, son autónomos y no comparten hechos ni líneas probatorias. Cada imputación se sustenta en elementos distintos y será presentada de manera independiente ante el juez de control de garantías.
Desde el punto de vista procesal, la imputación de cargos no equivale a una condena ni implica aceptación de responsabilidad. Se trata de un acto formal mediante el cual la Fiscalía comunica a una persona que existe una investigación penal en su contra y cuáles son los delitos que, de manera preliminar, se le atribuyen.
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La diligencia judicial permitirá a la Fiscalía exponer los hechos jurídicamente relevantes y la calificación provisional de las conductas, mientras que la defensa podrá pronunciarse sobre los cargos. El desarrollo posterior de ambos procesos dependerá de las decisiones que se adopten en las siguientes etapas del proceso penal.
El avance de estas actuaciones judiciales se produce en un contexto de alta atención pública debido al cargo que ocupa Roa al frente de la principal empresa estatal del país. No obstante, las autoridades han reiterado que las investigaciones se adelantan con base en criterios técnicos y probatorios, conforme a la ley.
El seguimiento de estos casos vuelve a poner en el centro del debate público el control a la financiación de campañas políticas y el uso de influencias en el ejercicio de cargos de alta responsabilidad, asuntos que continúan bajo observación de los organismos judiciales.
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