Neiva — Un atentado armado contra el director y el subdirector de la cárcel de Rivera dejó este martes a dos funcionarios heridos y a un niño de 11 años en estado crítico, tras un ataque a tiros registrado en la vía Neiva–Rivera, según confirmaron reportes de medios nacionales.
La identificación de los funcionarios heridos fue reportada por Blu Radio, que señaló como víctimas a Edgar Rodríguez, director del penal, y a Renato Solano Osorio, teniente coronel (r) y subdirector de la misma institución.
La agresión ocurrió en horas de la mañana, cuando los directivos se desplazaban en un vehículo particular por uno de los corredores viales más transitados del sur del Huila. En ese trayecto fueron interceptados por hombres armados que abrieron fuego, provocando una escena que activó de inmediato los protocolos de emergencia y seguridad.
Los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario de Neiva, donde equipos médicos asumieron la atención de urgencia. La información verificada hasta ahora indica que las víctimas son Edgar Rodríguez, director del penal, y Renato Solano Osorio, teniente coronel (r) y subdirector de la misma institución.
El ataque tuvo un impacto adicional que elevó la gravedad del hecho: un niño de 11 años, hijo de uno de los funcionarios, recibió un disparo en la cabeza y fue ingresado al centro asistencial en estado crítico. Su condición médica se convirtió en uno de los focos principales de atención durante las primeras horas posteriores al atentado.
Las autoridades confirmaron que el hecho es materia de investigación penal y que la Policía y la Fiscalía asumieron la recolección de evidencias en el lugar. Hasta el momento no se han reportado capturas ni se ha divulgado información oficial sobre los responsables.
Un atentado que sacude al sistema penitenciario
El ataque contra directivos de un centro carcelario en ejercicio de sus funciones introduce un nuevo elemento de tensión en la agenda de seguridad del departamento. Sin recurrir a calificativos extremos, los investigadores coinciden en que se trata de un hecho de alto impacto institucional, por la naturaleza de las víctimas y por el mensaje implícito que envía contra la administración penitenciaria.
Edgar Rodríguez y Renato Solano Osorio ocupaban cargos estratégicos dentro del establecimiento penitenciario de Rivera, uno de los centros de reclusión más relevantes del sur del Huila. La agresión contra ambos se produjo fuera del recinto carcelario, lo que amplía el radio de análisis para los investigadores.
Las primeras diligencias judiciales se concentraron en la reconstrucción de la ruta seguida por los funcionarios antes del atentado y en la verificación de cámaras de seguridad ubicadas en la vía Neiva–Rivera. La Fiscalía asumió la coordinación del proceso para establecer si el ataque guarda relación directa con decisiones administrativas adoptadas dentro del penal.
Aunque no se han emitido comunicados oficiales con hipótesis concretas, fuentes cercanas al proceso indicaron que el caso será tratado bajo la tipificación de tentativa de homicidio agravado, teniendo en cuenta la condición de servidores públicos de las víctimas y la presencia de un menor de edad entre los heridos.
H3 Impacto inmediato y atención médica
El Hospital Universitario de Neiva activó protocolos de emergencia para atender a los heridos apenas fueron ingresados en ambulancias provenientes del lugar del ataque. Personal médico confirmó que Renato Solano Osorio presenta una herida por impacto de bala en la región intercostal derecha, lesión que requirió procedimientos de estabilización.
En el caso del niño de 11 años, los reportes médicos preliminares señalaron que el proyectil comprometió áreas vitales, razón por la cual fue remitido de inmediato a la unidad de cuidados intensivos. Su estado fue catalogado como crítico, y su evolución es seguida minuto a minuto por especialistas.
El director del penal, Edgar Rodríguez, también recibió atención hospitalaria por lesiones derivadas del ataque. Las autoridades sanitarias se han reservado detalles específicos sobre su condición, limitándose a confirmar que permanece bajo observación médica.
Este componente humano del atentado ha generado una respuesta inmediata de las autoridades locales, que dispusieron acompañamiento institucional a la familia afectada y reforzaron la seguridad en los centros hospitalarios para evitar cualquier alteración del orden público.
En paralelo, unidades especializadas de la Policía Judicial iniciaron la recolección de material probatorio en el lugar de los hechos. Entre las diligencias adelantadas se encuentran el levantamiento de casquillos, la inspección del vehículo atacado y la verificación de posibles rutas de escape utilizadas por los agresores.
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Las autoridades confirmaron que el caso quedó bajo coordinación directa de la Fiscalía, que ya abrió una investigación formal para esclarecer los móviles del atentado y establecer responsabilidades penales. Por ahora, la línea de trabajo se mantiene bajo estricta reserva para no afectar el curso de las pesquisas.
En el ámbito institucional, el atentado obligó a revisar los esquemas de seguridad de los directivos del sistema penitenciario en el Huila. Aunque no se han anunciado cambios oficiales, fuentes consultadas señalaron que se evalúan medidas de protección adicionales para funcionarios que ejercen cargos sensibles.
Mientras avanza la investigación, el hecho mantiene en alerta a las autoridades regionales, que reconocen la gravedad jurídica de un ataque dirigido contra servidores públicos y un menor de edad. La atención ahora se centra en la evolución médica de las víctimas y en los resultados que arrojen las primeras diligencias judiciales.
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