Barranquilla — El Gobierno autorizó el traslado de los cabecillas de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ a cárceles de la ciudad para sostener la tregua que vence el 20 de enero, una decisión confirmada por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, con la que el Ejecutivo busca evitar una reactivación de la violencia urbana en el Atlántico.
La medida fue confirmada tras la solicitud presentada por el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y se formalizará con la firma del Ministerio de Justicia, en un contexto marcado por la presión de los plazos y la fragilidad del acuerdo entre dos de las estructuras criminales más temidas del Caribe colombiano.
Según el Gobierno, el traslado apunta a garantizar condiciones mínimas para que la tregua firmada el 2 de octubre de 2025 no se diluya en medio de disputas internas y retaliaciones armadas. La decisión llega cuando restan pocos días para que expire el pacto y cuando las autoridades reconocen que cualquier ruptura tendría efectos inmediatos en los indicadores de homicidios y extorsión.
Traslados bajo lupa penitenciaria
El movimiento intramural incluirá a Digno José Palomino Rodríguez, identificado como cabecilla de ‘Los Pepes’, y a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, máximo líder de ‘Los Costeños’. Ambos permanecen recluidos fuera del Atlántico: Palomino en La Picota, en Bogotá, y Díaz Collazos en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.
La solicitud formal para evaluar el traslado llegó al Ministerio de Justicia el 9 de enero de 2026. El oficio fue firmado por Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, y remitido con el respaldo del Alto Comisionado para la Paz como parte de la estrategia gubernamental para sostener el cese de hostilidades.
El ministro Andrés Idárraga detalló que la medida se ejecutará bajo estrictos protocolos de seguridad y sin alterar el régimen penitenciario de los internos. “Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz. Será estrictamente vigilado por el Inpec. No van a un hotel”, afirmó el funcionario en declaraciones recogidas por medios como Semana y La FM.
Sobre el origen político de la decisión, existen versiones periodísticas distintas. La revista Semana ha informado que el traslado fue ordenado desde la Presidencia de la República como parte de la implementación de la política de paz total, a través de un documento tramitado por la Dirección Nacional de Inteligencia hacia el Ministerio de Justicia. En contraste, las comunicaciones oficiales citadas por el Gobierno señalan que la solicitud formal fue presentada por el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y que la autorización administrativa corresponde al ministro de Justicia, sin atribuir públicamente la iniciativa directa al presidente Gustavo Petro.
Las autoridades penitenciarias deberán garantizar que el traslado no implique beneficios procesales ni ventajas carcelarias para los cabecillas. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el esquema contempla custodia reforzada, control permanente de comunicaciones y monitoreo de visitas, con el objetivo de impedir que las estructuras sigan operando desde los centros de reclusión.
Contexto de una tregua frágil
La tregua entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ se firmó el 2 de octubre de 2025 como parte de los diálogos sociojurídicos promovidos por el Gobierno en el marco de la política de paz urbana. Desde entonces, las autoridades reportan una disminución de enfrentamientos armados en Barranquilla y municipios cercanos, aunque persisten focos de tensión en barrios históricamente disputados.
Ambas organizaciones han sido señaladas por su participación en redes de extorsión, sicariato, narcotráfico y control territorial. En años anteriores, estas disputas dejaron cientos de homicidios en Barranquilla y Soledad. Solo en 2025, reportes oficiales vincularon decenas de casos de violencia letal a los choques entre estas estructuras.
El Gobierno sostiene que el traslado de los cabecillas a cárceles de Barranquilla facilitará la instalación de una mesa de diálogos prevista para el 20 de enero, fecha en la que vence la tregua actual. La apuesta oficial es evitar que el fin del acuerdo se traduzca en una nueva escalada de violencia urbana.
Desde el Ministerio de Justicia se insiste en que la medida no representa una concesión judicial. El proceso se enmarca en la resolución 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estructuras de crimen organizado de alto impacto, sin que ello implique beneficios penales, rebajas de condena o modificaciones en las condiciones de reclusión.
La Dirección Nacional de Inteligencia solicitó, además, adecuar las condiciones de seguridad en los centros de reclusión que recibirían a los internos. Aunque no se ha confirmado oficialmente la cárcel específica en Barranquilla, algunas versiones de prensa han mencionado el penal de El Bosque. Las autoridades no han ratificado esa información.
A nivel operativo, el Inpec deberá coordinar con fuerzas de seguridad externas los protocolos de ingreso, custodia y permanencia de los reclusos. Fuentes del sector penitenciario explican que estos traslados implican revisiones especiales de infraestructura, personal adicional y monitoreo permanente para evitar fugas de información o filtraciones hacia el exterior.
En paralelo, el Gobierno recalca que el foco principal de la medida es la protección de la ciudadanía. Según reportes citados en el proceso, la reducción de homicidios derivada de la tregua ha tenido efectos indirectos en más de 50.000 personas de comunidades afectadas, especialmente en la disminución de atenciones hospitalarias por heridas de arma de fuego.
Hasta el momento de esta publicación, no se han ejecutado los traslados. El Ministerio de Justicia confirmó que la autorización se encuentra en fase administrativa y que cualquier movimiento será informado una vez se completen los protocolos de seguridad exigidos por la normatividad penitenciaria.
La decisión del Ejecutivo se produce en un escenario de alta sensibilidad judicial. Para los analistas en política criminal, el traslado de cabecillas de estructuras armadas a su zona de influencia siempre plantea riesgos operativos, pero también abre espacios de control institucional más directo sobre los procesos de diálogo.
Desde el Gobierno se insiste en que la vigilancia estricta del Inpec y la ausencia de beneficios jurídicos constituyen la línea roja del proceso. La apuesta oficial es sostener la tregua sin debilitar la autoridad del Estado ni alterar el régimen penitenciario vigente.
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