Barranquilla – La Policía Fiscal y Aduanera incautó 6.788 sets de perfiles de aluminio de contrabando, avaluados en $4.674 millones, en el puerto de la Sociedad Portuaria Regional, tras un operativo judicial que dejó al descubierto siete contenedores sin soporte aduanero y reactivó la lupa penal sobre el comercio ilícito.
La diligencia se desarrolló en el puerto de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, donde funcionarios de la División de Control Operativo Barranquilla ingresaron a una zona de almacenamiento previamente identificada. Allí localizaron siete contenedores cargados con perfiles de aluminio arquitectónico de procedencia extranjera que no contaban con documentación que acreditara su legal ingreso al Territorio Aduanero Nacional.
El hallazgo se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento, figura procesal que permite a las autoridades ingresar, inspeccionar y asegurar bienes cuando existen indicios de ilegalidad. La actuación fue realizada de manera articulada entre la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera y la Fiscalía General de la Nación, en el marco de controles aduaneros en los principales puertos del país.
La mercancía incautada fue cuantificada en 6.788 sets de perfiles de aluminio, insumo utilizado principalmente en obras arquitectónicas y de construcción. Su valor comercial estimado asciende a $4.674.600.000, cifra que dimensiona el alcance económico del cargamento y explica el interés de las autoridades judiciales en documentar con rigor el procedimiento.
Más allá del volumen, el foco del proceso está en la ausencia total de documentación soporte. Según el reporte operativo, los contenedores no presentaban registros válidos que demostraran el cumplimiento de los requisitos de importación. Esa carencia es el elemento central que configura la presunta infracción aduanera y habilita la incautación preventiva de la mercancía.
Un operativo que activa el engranaje penal
Las acciones se enmarcan en el fortalecimiento de las estrategias operativas y preventivas orientadas a contrarrestar el contrabando y el comercio ilícito. De acuerdo con el insumo oficial, el procedimiento hace parte de la estrategia contra la ilegalidad y del Plan “Una Navidad con Propósito”, que intensifica controles en temporadas de alta dinámica comercial.
La Policía Nacional, a través de la POLFA, mantiene presencia permanente en los principales puertos del país. En Barranquilla, esa vigilancia se traduce en inspecciones selectivas, cruces documentales y diligencias judiciales cuando se detectan inconsistencias. En este caso, la actuación culminó con la aprehensión de la mercancía y su puesta a disposición de la autoridad competente.
Desde la perspectiva judicial, la incautación constituye un acto probatorio. Los perfiles de aluminio quedan bajo custodia mientras avanzan las verificaciones legales y administrativas correspondientes. El procedimiento busca establecer responsabilidades y determinar el destino final de la mercancía, conforme a la normatividad vigente.
La coordinación con la Fiscalía General de la Nación resulta clave en este tipo de casos. La presencia del ente acusador durante la diligencia garantiza la legalidad del procedimiento y la correcta incorporación de los elementos materiales probatorios, un paso necesario para cualquier actuación posterior en sede judicial.
Barranquilla aparece reiteradamente en los informes oficiales como un punto estratégico para el control del ingreso de mercancías al país. Su ubicación geográfica y su dinámica portuaria la convierten en una puerta de entrada relevante para el comercio exterior, pero también en un escenario sensible frente a intentos de evasión aduanera.
Esa condición explica la intensidad de los controles y la frecuencia de operativos conjuntos. Las autoridades subrayan que la vigilancia no se limita a grandes cargamentos, sino que se extiende a distintos tipos de mercancía, con énfasis en productos de alto valor comercial o uso extendido en el mercado interno.
El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, se refirió al resultado del operativo en términos de coordinación interinstitucional. “Este resultado es una muestra clara del trabajo articulado entre las autoridades para combatir el contrabando”, señaló el oficial, según el insumo suministrado.
En su declaración, Camelo Sánchez enfatizó el alcance económico del control. “Nuestra misión es proteger la economía del país y garantizar que las mercancías que ingresan al territorio nacional cumplan con la normatividad vigente”, afirmó, vinculando el procedimiento con la defensa de la industria formal.
El pronunciamiento también incluyó un llamado a la colaboración ciudadana y empresarial. “Invitamos a la ciudadanía y al sector empresarial a denunciar cualquier actividad irregular que afecte la legalidad y el desarrollo económico”, expresó el comandante, reforzando la idea de corresponsabilidad en la lucha contra el comercio ilícito.
Desde el punto de vista jurídico, el caso se inscribe en las actuaciones que buscan frenar el ingreso irregular de mercancías al Territorio Aduanero Nacional. La ausencia de documentos de importación es un indicador recurrente en investigaciones por contrabando y suele ser el punto de partida de procesos sancionatorios y penales.
La mercancía, de procedencia extranjera, queda ahora sometida a los trámites que establece la ley. Estos incluyen la verificación de su origen, la revisión de posibles responsables y la definición de medidas administrativas o judiciales adicionales, siempre bajo la supervisión de las autoridades competentes.
El operativo también tiene implicaciones en el control fiscal. El contrabando impacta directamente el recaudo y distorsiona el mercado, por lo que cada incautación se lee como un intento de restablecer condiciones de legalidad en el comercio exterior y proteger a los sectores que cumplen las reglas.
En este escenario, la POLFA reafirma su rol como policía especializada en materia fiscal y aduanera. Su intervención combina labores de inteligencia, control operativo y articulación judicial, una triada que se refleja en procedimientos como el adelantado en la SPRB.
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Las autoridades no detallaron, en el insumo disponible, si hay personas capturadas o procesos individuales en curso. El énfasis se mantiene en el aseguramiento de la mercancía y en el mensaje preventivo dirigido a quienes intentan ingresar productos sin cumplir los requisitos legales.
El caso se suma a otros controles ejecutados en puertos del país durante el mismo periodo. Todos responden a una lógica común: aumentar la presión institucional sobre las rutas del comercio ilegal y cerrar espacios a la evasión aduanera mediante actuaciones verificables y documentadas.
Sin recurrir a calificativos, el procedimiento deja en evidencia la magnitud de los cargamentos que pueden circular sin respaldo documental. La cifra de 6.788 sets de perfiles de aluminio y su avalúo multimillonario ilustran el tamaño del desafío que enfrentan las autoridades en escenarios portuarios.
En adelante, el proceso seguirá su curso conforme a la normatividad vigente. La mercancía incautada, los registros del allanamiento y las actas levantadas durante la diligencia constituyen la base sobre la cual se adoptarán las decisiones legales correspondientes.
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