Colombia — Eduardo Montealegre Lynett presentó este viernes su renuncia “irrevocable” al cargo de ministro de Justicia y del Derecho del gobierno de Gustavo Petro. El anuncio, hecho desde París, marca un nuevo giro dentro del gabinete presidencial y se sustenta en su abierta indignación frente al fallo del Tribunal de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Montealegre, exfiscal general de la Nación y una de las figuras más controvertidas del ámbito judicial, justificó su salida por lo que calificó como un “prevaricato” del Tribunal y por la necesidad de recuperar su independencia para actuar como víctima en procesos internacionales. En su carta, dirigida al presidente Petro, sostiene que el país atraviesa un momento de “impunidad estructural” que, según él, favorece al expresidente Uribe.
“Como víctima de Uribe, debo retomar el ejercicio de mis derechos para impedir que sus actos queden en la impunidad”, escribió el ahora exministro, quien añadió que acudirá a tribunales internacionales para pedir justicia frente a los crímenes de lesa humanidad que atribuye al exmandatario y a su entorno. La misiva, difundida por fuentes cercanas a la Presidencia, fue recibida con sorpresa en los círculos políticos y jurídicos.
Una renuncia con carga política y jurídica
La salida de Montealegre se interpreta en el contexto de un profundo desencuentro entre el gobierno y sectores del sistema judicial. Su carta no solo expresa desacuerdo con un fallo judicial, sino que lanza acusaciones directas contra instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, a las que señala de actuar en favor de intereses políticos ligados al uribismo.
El texto, cargado de tono personal, revela también su distanciamiento con algunos sectores del Pacto Histórico, el movimiento oficialista. “Increíble: con el respaldo de sectores del Pacto Histórico que dicen impulsar la transparencia”, escribió Montealegre, cuestionando la coherencia interna de la coalición de gobierno.
En un pasaje que ha generado especial atención, el exministro advierte al presidente Petro sobre posibles traiciones dentro del Palacio de Nariño: “Cuídese mucho: en palacio hay traidores que acechan con dagas peligrosas”. El mensaje fue interpretado por analistas como un gesto de ruptura política más que una simple salida administrativa.
Del gabinete al activismo jurídico internacional
Fuentes del entorno del exministro confirmaron que Montealegre planea reactivar su rol como demandante en causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos durante los gobiernos de Álvaro Uribe. En su carta asegura que “necesita total libertad para continuar la caza de un criminal que anda suelto”, refiriéndose al expresidente, y anuncia que recurrirá a la justicia universal como herramienta de lucha.
La decisión se conoce apenas días después del fallo del Tribunal de Bogotá que absolvió a Uribe Vélez del proceso por soborno a testigos y fraude procesal. Aunque el exmandatario ha sostenido que el proceso fue una persecución política, Montealegre quien fue fiscal general entre 2012 y 2016 ha insistido en que hubo interferencias indebidas y presiones dentro del aparato judicial para favorecerlo.
Montealegre mantuvo durante años una disputa abierta con Uribe, a quien investiga desde su paso por la Fiscalía. En distintos escenarios públicos ha señalado que la estructura judicial del país “se doblega ante el poder del expresidente”, y su carta de renuncia ratifica esa línea de confrontación directa.
El cuarto ministro de Justicia en el gobierno Petro
Con su salida, Montealegre se convierte en el cuarto ministro de Justicia que deja el cargo desde la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño en agosto de 2022. Antes que él estuvieron Néstor Osuna, Gloria Gómez y Camilo Gómez. La alta rotación en esta cartera refleja la dificultad del Ejecutivo para consolidar una línea estable de política judicial, en un contexto de tensiones crecientes con la rama judicial y con el Ministerio Público.
Fuentes cercanas al Palacio de Nariño indicaron que Petro aceptará la renuncia en las próximas horas y que ya se barajan nombres para su reemplazo. Entre las opciones se mencionan juristas con perfil técnico y afinidad política con el proyecto de la “Constituyente popular”, iniciativa que Montealegre reivindica en su carta como el camino para “derrotar el establecimiento y la nueva gobernanza paramilitar”.
Aunque el presidente no ha emitido un pronunciamiento formal, en círculos del Pacto Histórico se interpreta la dimisión como una pérdida significativa para la agenda de reformas judiciales del gobierno. Montealegre había sido uno de los principales defensores de la idea de reformar la justicia para fortalecer la independencia de los jueces y desmontar las estructuras de poder que según él perpetúan la impunidad en Colombia.
La carta, cerrada con un mensaje de reconocimiento personal hacia el presidente, también incluye una advertencia política. “La constituyente de iniciativa popular es el único camino que nos queda para derrotar el establecimiento”, afirma, reforzando su postura de que el sistema institucional actual está cooptado por sectores que se oponen a la transformación social impulsada por Petro.
La renuncia de Eduardo Montealegre no solo abre un nuevo capítulo en las tensiones entre el Ejecutivo y la justicia, sino que deja al descubierto las fracturas internas dentro del bloque de gobierno. Su salida, revestida de razones morales y políticas, pone nuevamente al gabinete presidencial en una posición de reacomodo frente a un escenario judicial y político que sigue moviéndose con fuerza.
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