Colombia – Carlos Ramón González obtuvo la residencia legal en Nicaragua tras una gestión del Gobierno colombiano, según documentos revelados por Noticias RCN. La gestión se realizó mientras avanzaban las investigaciones sobre el entramado de contratos irregulares, lo que abre interrogantes sobre el rol oficial en la permanencia del exfuncionario fuera del país.
González, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, se encuentra en Nicaragua desde noviembre de 2024 y permanece fuera del alcance de la justicia colombiana.
La carta enviada por la Embajada de Colombia a las autoridades nicaragüenses, fechada el 21 de mayo el mismo día en que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos, solicitó formalmente el “apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio del señor Carlos Ramón González”. Fue el primer paso para que Nicaragua tramitara la renovación de su permiso de residencia.
Las autoridades de Managua respondieron de forma inmediata. El Ministerio del Interior de Nicaragua indicó que González debía presentarse ante la ventanilla de Migración en Managua y realizar el pago correspondiente (56 dólares). Fuentes consultadas señalan que, después del trámite, el exfuncionario obtuvo una nueva vigencia para permanecer en ese país.
Este hecho ha generado preocupación entre excancilleres y antiguos funcionarios con experiencia en relaciones exteriores, quienes afirman que una gestión de este tipo no se realiza de forma rutinaria y, menos aún, cuando la persona involucrada está siendo investigada por delitos graves relacionados con corrupción pública.
La residencia de González en Nicaragua representa un elemento clave dentro de la investigación que ha sacudido al Gobierno. La Fiscalía General sostiene que la red de corrupción de la UNGRD habría desviado recursos destinados a la atención de emergencias y proyectos estratégicos, utilizando intermediarios y documentos alterados para beneficiar a particulares.
González, quien fue cercano colaborador del presidente Petro y ocupó cargos de alto nivel, ha sido señalado como una de las figuras clave en el diseño de la red. “Su cercanía con los niveles más altos del poder lo convertía en un enlace indispensable dentro del esquema”, señaló un investigador judicial consultado fuera de registro.
En noviembre de 2024, cuando el caso comenzó a conocerse públicamente, González viajó a Nicaragua y, desde entonces, no ha regresado a Colombia. Este hecho fue confirmado por fuentes oficiales y por los registros migratorios obtenidos por Noticias RCN.
La renovación de su residencia tuvo lugar en un momento particularmente sensible: el mismo día en que la Fiscalía le imputó cargos por peculado, concierto para delinquir y celebración indebida de contratos. Los registros oficiales muestran que la carta de la Embajada colombiana fue enviada con carácter prioritario y sin mención directa a los procesos judiciales en curso.
Al interior del Gobierno, pocas voces han querido pronunciarse sobre la gestión diplomática realizada a favor de González. No obstante, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que este tipo de trámites suelen realizarse “a solicitud de altos niveles” y con criterios de “confidencialidad”.
Los analistas en derecho internacional consideran que este caso podría convertirse en un precedente incómodo para Colombia, especialmente por la coincidencia entre la imputación de cargos y la medida adoptada para facilitar la permanencia de un exfuncionario investigado en otro país. De momento, no existe ninguna solicitud formal de extradición por parte del Estado colombiano, aunque la Fiscalía no ha descartado esa posibilidad.
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Un aspecto que también genera preocupación es que Colombia ya ha sido señalada en investigaciones previas por facilitar trámites consulares a personas vinculadas a casos de corrupción. En ese sentido, algunos expertos recordaron la polémica surgida tras el caso Odebrecht, en el que también se cuestionaron gestiones diplomáticas para proteger a ciertos implicados.
Mientras tanto, organismos de control en Colombia han solicitado que se investigue la participación de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en el trámite de renovación. Se espera que la Procuraduría General de la Nación abra una investigación disciplinaria para determinar si se cometieron faltas graves o violaciones a los protocolos diplomáticos.
En la página oficial del Gobierno, no se ha emitido ninguna comunicación al respecto. Solo se ha indicado que “cualquier actuación en el exterior responde a solicitudes legítimas y verificables”. Sin embargo, las fechas establecidas en los documentos conocidos por Noticias RCN contradicen esa versión, al mostrar un trámite realizado en plena imputación judicial.
El caso ha generado una amplia reacción en redes sociales y medios de comunicación nacionales. Algunos sectores consideran que la renovación de la residencia de González en Nicaragua evidencia un posible intento de evasión y protección institucional, en una investigación que involucra recursos públicos destinados a la gestión de riesgos.
Internamente, el caso UNGRD continúa avanzando con más de quince personas llamadas a declarar y varias órdenes de captura vigentes. Entre ellas, la de González, que fue emitida por un juez de Bogotá y notificada a la Interpol. Hasta el momento, no se ha logrado su captura.
González, que fue una de las figuras más visibles del primer círculo del presidente Petro, enfrenta también otros procesos relacionados con presuntas irregularidades en la contratación durante su paso por el DAPRE. Aunque ha evitado declaraciones públicas, fuentes cercanas aseguran que mantiene comunicación constante con ciertos sectores políticos desde su estadía en Nicaragua.
La Fiscalía mantiene abierta la posibilidad de solicitar cooperación internacional para ubicarlo y extraditarlo, si se confirma que existe una residencia válida y activa. Según expertos, “el hecho de estar en Nicaragua con un estatus migratorio regular no impide que sea solicitado por la justicia colombiana”.
Este no es el primer caso en el que un funcionario investigado busca residencia en otro país de la región. En anteriores investigaciones, la Corte Suprema de Justicia ha advertido sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de coordinación diplomática para evitar que personas procesadas utilicen canales consulares como vía de escape.
Los organismos de control, entre ellos la Contraloría y la Procuraduría, buscan ahora establecer responsabilidades dentro del Gobierno, así como posibles omisiones en la activación de mecanismos diplomáticos para asegurar la presencia de González ante la justicia colombiana.
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