Colombia - El Gobierno Nacional evalúa activar la cláusula de escape de la regla fiscal para 2025, una decisión que permitiría ampliar el límite del déficit fiscal y aumentar el endeudamiento del país en medio de un contexto de restricciones presupuestales. Aunque la medida aún no ha sido formalizada, fuentes oficiales confirmaron que el Ejecutivo ya inició el proceso institucional requerido.
La cláusula permitiría al Ministerio de Hacienda modificar temporalmente los límites establecidos por la regla fiscal. Esto incluiría un aumento en el tope del déficit primario y mayor flexibilidad en el nivel de deuda, lo que habilitaría un mayor gasto público para 2025. La decisión se tomará en el marco de la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, prevista para este mes.
El proceso contempla varios pasos: primero, el Consejo de Análisis Fiscal (Carf) emitirá un concepto no vinculante sobre la conveniencia de activar la cláusula. Luego, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) debe avalarla. Finalmente, el Consejo de Ministros podría dar luz verde para que el Gobierno formalice la medida a través de un documento Conpes. Se espera que la reunión del Confis del 9 de junio marque un punto decisivo.
Actualmente, la regla fiscal establece que la deuda pública del Gobierno Nacional no debe superar el 70% del Producto Interno Bruto (PIB), y el déficit primario debe mantenerse por debajo del 0,8% del PIB. Estos límites buscan garantizar la estabilidad macroeconómica y la confianza de los mercados.
Analistas económicos y entidades financieras han expresado preocupación por la posible activación de la cláusula. Fedesarrollo, ANIF y Moody’s coinciden en que podría afectar la credibilidad fiscal del Gobierno, generando presiones sobre las tasas de interés. Los Títulos de Tesorería (TES) ya registran tasas de hasta el 13% anual, lo que encarece el financiamiento estatal y puede desplazar la inversión privada.
La calificadora Moody’s anunció que evaluará la consistencia del Marco Fiscal de Mediano Plazo para definir el futuro de la calificación de riesgo soberano. Una reducción de esta nota podría aumentar el costo de endeudamiento del país y disminuir el apetito de los inversionistas por títulos colombianos.
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En paralelo, el presidente Gustavo Petro solicitó al Ministerio de Justicia estudiar la posibilidad de demandar el Presupuesto General de la Nación 2025, aprobado por decreto tras el rechazo de su proyecto por parte del Congreso. Petro argumenta que el decreto expedido por el Gobierno anterior favorece a “sectores privilegiados” y desconoce las prioridades de su administración.
De prosperar una demanda ante la Corte Constitucional, se podría suspender temporalmente la ejecución presupuestal de más de $300 billones. Sin embargo, expertos como Jairo Bautista, del observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, consideran poco probable este escenario debido a la falta de fundamento jurídico claro y a la estabilidad institucional que se busca preservar.
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