Colombia - La reciente propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una consulta popular para decidir sobre sus reformas tras el rechazo en el Congreso ha generado reacciones divididas entre diferentes sectores políticos y económicos del país.
El exsenador y posible precandidato presidencial, David Luna, cuestionó la iniciativa asegurando que el país atraviesa un momento crítico en materia de seguridad y gobernabilidad. "La situación que vive Arauca, Chocó, Cauca y el Catatumbo es extremadamente peligrosa. Ahora que el Congreso, una institución elegida democráticamente, le dice no a sus reformas, el presidente recurre a un nuevo estallido social. Llamar a una consulta que podría costar más de 300.000 millones de pesos, mientras dice no tener recursos para los subsidios de energía en la Costa Caribe o el gas para los hogares más pobres, es una falta de respeto con Colombia", afirmó Luna. ↙️
Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, señaló que convocar una consulta popular después de que la reforma laboral fuera archivada en el Congreso es "una ofensa al pueblo colombiano". "Los congresistas son representantes elegidos democráticamente por la voluntad del pueblo, desconocerlo es querer imponer unas reformas que no le convienen a los colombianos", afirmó. Además, criticó lo que consideró una falta de coherencia por parte del mandatario: "Para Petro, el Congreso es bueno cuando aprueba lo que él quiere y malo cuando no lo hace".
Desde el sector empresarial, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, recordó que durante más de dos años se ha insistido en la necesidad de construir una reforma laboral concertada. "No hay ninguna razón por la cual se deba incitar la violencia contra ninguna rama del poder público, mucho menos viniendo del Ejecutivo, que tiene como una de sus obligaciones propender por la unidad nacional", advirtió el dirigente gremial.
Mientras tanto, expertos han advertido sobre el alto costo que tendría la consulta popular propuesta por Petro. Según estimaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, su realización podría costar alrededor de 1 billón de pesos, una cifra significativamente mayor a los 310.000 millones que costó la consulta anticorrupción de 2018.
Aunque el Gobierno aún no ha detallado los mecanismos para su convocatoria, el debate sobre la viabilidad y pertinencia de la consulta ya está sobre la mesa, generando una nueva controversia en el panorama político del país.
