Procuraduría exige medidas por crisis carcelaria en Atlántico

Procuraduría exige medidas por crisis carcelaria en Atlántico
Miércoles, Febrero 19, 2025 - 16:30

Procuraduría exige medidas por crisis carcelaria en Atlántico

La Procuraduría advierte sobre el hacinamiento extremo en estaciones de policía y centros de reclusión del Atlántico, donde la sobrepoblación alcanza niveles de alarmantes y exponen a los internos a condiciones precarias.
Miércoles, Febrero 19, 2025 - 16:30

Bogotá, D.C. – La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a las autoridades del Departamento del Atlántico para que adopten medidas inmediatas frente a la crítica situación de hacinamiento en estaciones de policía y centros de reclusión. Un informe reciente del ente de control reveló que algunas estaciones presentan niveles de sobrepoblación alarmantes, como la de Soledad 2000, con un 387 %, y la de San José, Barranquilla, con un 380 %.

Durante un proceso de verificación en Barranquilla, Puerto Colombia, Malambo, Soledad y Galapa, la Procuraduría encontró condiciones deficientes en 9 estaciones de policía, 2 Centros Transitorios de Detención, 2 Centros de Rehabilitación y 2 Centros de Atención Inmediata (CAI). Entre los problemas identificados están la falta de infraestructura adecuada, acceso limitado a agua potable, condiciones higiénicas precarias, carencia de atención médica y una deficiente alimentación que depende en gran medida de aportes externos.

En respuesta a esta situación, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla solicitó a los mandatarios de Soledad y Galapa un informe detallado sobre los planes de financiación que contemplan para mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas en detención preventiva. Además, se les requirió informar si existen convenios interadministrativos vigentes con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para el traslado y reclusión de personas condenadas que actualmente permanecen en estaciones de policía.

El informe también advierte sobre la responsabilidad de los alcaldes municipales en la preservación del orden público y el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de las personas privadas de la libertad (ppl). En este sentido, la Procuraduría enfatizó que los mandatarios locales deben tomar acciones concretas para garantizar condiciones dignas en los centros de reclusión de sus territorios.

Ante este panorama, organismos defensores de derechos humanos han expresado preocupación por la vulnerabilidad en la que se encuentran los internos, instando a una intervención inmediata. Se espera que en los próximos días las administraciones municipales entreguen los informes requeridos y presenten estrategias claras para enfrentar la crisis.

La situación en las estaciones de policía del Atlántico pone en evidencia la necesidad de reformas estructurales en el sistema de reclusión, así como de inversiones que permitan garantizar condiciones mínimas de dignidad para las personas en detención preventiva. Mientras se adoptan medidas concretas, el hacinamiento sigue siendo una problemática latente que requiere atención inmediata.

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