Colombia - La Procuraduría General de la Nación ha solicitado explicaciones al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, respecto a la intervención de la empresa de energía Air-e, que presta servicios en la región de la Costa Caribe. La intervención ha generado inquietud entre los usuarios y las autoridades locales debido a las posibles repercusiones en la calidad del servicio y los costos asociados.
La Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial de la Procuraduría exigió un informe detallado de los estudios técnicos que fundamentaron la solicitud de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para intervenir Air-e. También pidió aclarar las razones legales específicas bajo la Ley 142, que regula los servicios públicos en Colombia, para determinar si la empresa incumplió las normas de eficiencia y calidad requeridas.
Adicionalmente, la Procuraduría manifestó su preocupación por las consecuencias económicas de la intervención. En el documento, se solicitó información sobre los recursos que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios empleará para asegurar la continuidad del servicio durante la intervención, así como los montos estimados para cubrir los costos operativos mensuales de Air-e.
Otro punto central de la solicitud se refiere a los subsidios que Air-e no ha recibido hasta agosto de 2024 debido a demoras en las transferencias del gobierno. Estos subsidios son cruciales para mantener tarifas accesibles a los usuarios de bajos ingresos. La Procuraduría pidió aclaraciones sobre la distribución de estos recursos y su impacto en la estabilidad financiera de la empresa.
La Procuraduría también instó a que se proporcionen los datos actuales sobre los indicadores de calidad del servicio, como el SAIDI y SAIFI, que miden el tiempo y la frecuencia de interrupciones en el suministro de energía. Estos indicadores son fundamentales para evaluar el desempeño de la empresa y determinar si la intervención está justificada debido al deterioro de la calidad del servicio.
En respuesta a las consultas de los medios, Dagoberto Quiroga defendió la intervención, afirmando que su objetivo es estabilizar las operaciones de Air-e y asegurar la continuidad del servicio en la región. No obstante, la Procuraduría ha mantenido su solicitud de mayor claridad y transparencia en las decisiones tomadas, para garantizar que se cumplan las normativas vigentes y se protejan los derechos de los usuarios.
Este caso se suma a una larga historia de intervenciones en el sector energético en la Costa Caribe, donde anteriormente se intervino a la empresa Electricaribe en 2020. A pesar de estas acciones, los problemas estructurales persisten, lo que ha generado nuevas preocupaciones entre los usuarios y las autoridades regionales.
