Colombia - Este lunes pasado, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), compareció ante la Corte Suprema de Justicia para rendir su testimonio en relación con las acusaciones de presunto pago de sobornos a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. La audiencia, que se extendió durante 12 horas, representa un hito importante en el proceso judicial que enfrenta López, y en el cual se examina la posible participación de altos funcionarios del Congreso en actos de corrupción.
Durante la audiencia, López ofreció un detallado relato de los eventos que, según su testimonio, involucraron el pago de sobornos a los expresidentes del Congreso a cambio de la aprobación de contratos durante su gestión en la UNGRD. Este testimonio es crucial para la Fiscalía, que busca establecer un vínculo directo entre los pagos ilícitos y la obtención de beneficios contractuales para terceros. López afirmó que las transacciones se llevaron a cabo bajo presiones de figuras de poder dentro del Congreso, planteando un escenario en el que el sistema legislativo podría haber sido corrompido en detrimento de la legalidad y la transparencia.
El testimonio de López ante la Corte Suprema marca un punto crítico en el desarrollo del caso, ya que sus declaraciones podrían implicar a varios actores políticos en un esquema de corrupción que, de ser comprobado, tendría graves consecuencias legales para los involucrados. La defensa de López ha argumentado que su cliente está cooperando plenamente con la justicia, en un intento de obtener un principio de oportunidad que le permita una reducción de pena a cambio de su colaboración.
El senador Iván Name, uno de los principales acusados, ha respondido a la declaración de López a través de su abogado, Jaime Lombana. Lombana criticó duramente a la Fiscalía General de la Nación por lo que considera un manejo inadecuado del principio de oportunidad ofrecido a López. Según Lombana, la Fiscalía ha permitido que López modifique su versión de los hechos en repetidas ocasiones, lo cual, según él, socava la credibilidad del proceso y podría estar motivado por intereses externos.
"Es inaceptable que a un testigo clave en un caso de esta magnitud se le permita ajustar su testimonio repetidamente. Esto no solo pone en riesgo la integridad del proceso judicial, sino que también mina la confianza pública en la imparcialidad de la Fiscalía", afirmó Lombana, subrayando la necesidad de una investigación rigurosa y sin concesiones.
Estas críticas apuntan a un posible debilitamiento de la estrategia de la Fiscalía, la cual se encuentra bajo presión para demostrar que sus acciones están guiadas únicamente por el objetivo de impartir justicia, y no por consideraciones políticas o mediáticas. La defensa de Name ha solicitado a la Corte Suprema que se evalúe la consistencia de las pruebas presentadas por López, advirtiendo que cualquier irregularidad en su testimonio podría comprometer la validez de todo el caso.
Frente a estas acusaciones, José Luis Moreno, abogado defensor de Olmedo López, defendió la legitimidad del testimonio de su cliente y la integridad de las pruebas presentadas ante la Corte Suprema. Moreno negó categóricamente que los chats y otras comunicaciones aportadas por López hayan sido manipulados, resaltando que todas las evidencias se encuentran intactas y han sido sometidas a los procedimientos forenses correspondientes.
"La defensa de López ha presentado pruebas contundentes que respaldan su testimonio. Cualquier insinuación sobre la alteración de estas pruebas carece de fundamento y tiene como único objetivo desviar la atención del caso principal, que es la corrupción en la asignación de contratos públicos", declaró Moreno.
Además, Moreno señaló la preocupante desaparición de discos duros y otros elementos de la UNGRD que podrían contener información relevante para el caso. Según la defensa, estos elementos fueron extraviados bajo circunstancias sospechosas, lo que podría indicar un intento de obstrucción de la justicia por parte de actores interesados en proteger a los implicados en el escándalo.
