Barranquilla D.E.I.P - El Ministerio del Interior emitió el Decreto 1702 de 2023, que ha generado preocupación en el ámbito periodístico y entre defensores de la libertad de expresión. Este decreto impone restricciones al cubrimiento de la prensa en el día de las elecciones, planteando interrogantes sobre su compatibilidad con los principios constitucionales.
Uno de los puntos de mayor controversia es el artículo 4 del Decreto, que prohíbe "entrevistas con fines político-electorales a través de radio, prensa y televisión" durante el día de las elecciones. Esta restricción ha sido criticada por considerarse arbitraria, ya que no proporciona criterios claros para distinguir una entrevista de interés público de una que no lo sea. En un proceso electoral, el acceso a las declaraciones de candidatos es fundamental para que los ciudadanos estén informados.
El artículo 13 del Decreto establece que los medios de comunicación solo pueden brindar información de orden público que haya sido confirmada por fuentes oficiales. Esta disposición ha levantado inquietudes, ya que restringe la capacidad de los periodistas para obtener información de diversas fuentes. Además, la falta de claridad en cuanto a quiénes son las fuentes oficiales puede dificultar la labor periodística en áreas locales.
Otra limitación significativa se encuentra en el artículo 7 del Decreto, que prohíbe el uso de celulares y cámaras fotográficas y de video en los puestos de votación durante ciertas horas. Solo se permite su uso previa coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esto plantea dudas sobre la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a hacer veeduría del proceso electoral. La falta de criterios claros para esta coordinación también es motivo de preocupación.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha señalado que estas restricciones no cumplen con los estándares internacionales. Según la Convención Americana de Derechos Humanos, cualquier limitación a la libertad de expresión debe cumplir con tres requisitos: estar previamente consagrada en una ley precisa y clara, ser necesaria para alcanzar objetivos autorizados por la misma Convención y ser proporcional. En este caso, los artículos mencionados no parecen cumplir con estos requisitos.
La FLIP ha hecho un llamado al Ministerio del Interior para que modifique el decreto teniendo en cuenta los principios constitucionales que garantizan la libertad de expresión y de prensa. También insta a la Registraduría, la Policía y el Consejo Nacional Electoral a asegurar que los periodistas puedan realizar su trabajo sin temor a obstáculos o represalias.
La situación de los periodistas en Colombia es especialmente delicada, ya que se han registrado 69 agresiones por parte de grupos armados y 40 casos relacionados con el cubrimiento electoral en lo que va del año. Estos hechos subrayan la importancia de garantizar un entorno seguro para los profesionales de la comunicación durante las elecciones.
La emisión de este decreto plantea cuestionamientos sobre los límites a la libertad de expresión en Colombia y su impacto en el ejercicio periodístico en un contexto electoral. La discusión continúa, y se espera que se tomen medidas que respeten los principios constitucionales y los estándares internacionales en materia de libertad de prensa.
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