Barranquilla - El congresista Agmeth Escaf ha colocado al presidente Gustavo Petro en una complicada situación política al exponer su participación en las elecciones regionales, lo que podría infringir las leyes colombianas que prohíben la intervención de los funcionarios electos en procesos electorales.
Escaf, quien es parte del grupo de congresistas que respaldan al presidente, ha puesto al mandatario en una situación incómoda al revelar que este dio la orden de respaldar la candidatura de Alfredo Varela para la Gobernación del Atlántico en lugar de Eduardo Verano. Esta declaración ha levantado interrogantes sobre la actuación de Petro en asuntos políticos y su potencial violación de las normativas vigentes.
Según Escaf, Petro habría emitido estas instrucciones durante una reunión de campaña del Pacto Histórico, lo que podría entrar en conflicto con las regulaciones que impiden a los funcionarios electos participar activamente en campañas políticas y asuntos electorales. Estas alegaciones han avivado el debate sobre si Petro está contraviniendo dichas leyes.
El Código Único Disciplinario, en sus numerales 39 y 40 del artículo 48, establece de manera explícita que los funcionarios no pueden utilizar sus cargos para involucrarse en actividades políticas o controversias políticas. Asimismo, el artículo 422 del Código Penal prevé sanciones, incluida la pérdida del empleo o cargo público, para los servidores públicos que participen activamente en política. La Ley de Garantías, en su artículo 38, impone restricciones similares a los servidores públicos, a excepción de algunos casos.
La alianza entre el Pacto Histórico y la candidatura de Varela para la Gobernación del Atlántico ha generado el respaldo de varios partidos, como Alianza Verde, En Marcha, Colombia Renaciente, Polo Democrático, el partido del Trabajo de Colombia, la Colombia Humana y Todos Somos Colombia. Estos partidos han expresado su apoyo a Varela en una carta conjunta, ratificando su compromiso con su candidatura.
El desafío planteado por Escaf al presidente Petro pone en evidencia la necesidad de que los organismos de control determinen si el mandatario está incumpliendo las normas que regulan la participación política de los funcionarios electos. La controversia persiste en el centro de la atención pública mientras se espera la respuesta de las autoridades y se evalúa cómo impactará en el escenario electoral del Atlántico.
