Con más del 95 % de los votos escrutados, los chilenos rechazaron por un 55.4 % una segunda propuesta de nueva Constitución, optando por mantener la actual, que tiene sus raíces en la dictadura militar (1973-1990) y ha sido ampliamente modificada en democracia.
El rechazo a la nueva propuesta, redactada por un Consejo Constitucional liderado mayoritariamente por la derecha y la ultraderecha, se materializó con el 44.5 % de los votos. Este resultado, obtenido con más del 95 % de los votos escrutados, cierra, al menos durante la presidencia de Gabriel Boric (2022-2026), el debate constitucional. El presidente progresista ha expresado su decisión de no impulsar un tercer proceso constituyente.
El partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), defensor del nuevo proyecto, fue el primero en reconocer los resultados. Javier Macaya, líder de la UDI, afirmó que los chilenos "no quieren cambios constitucionales ni tampoco refundaciones."
El presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, señaló que este resultado podría consolidar la necesidad de llegar a acuerdos en Chile, destacando que el primer proyecto rechazado provenía de la izquierda y el segundo de la derecha.
Este rechazo supone un revés para el ultraderechista Partido Republicano, que desempeñó un papel fundamental en la redacción del nuevo texto y aspiraba a ser la fuerza hegemónica de la derecha. Mientras la derecha argumentaba que la propuesta abordaba la inseguridad y ponía fin a la incertidumbre institucional generada por las protestas de 2019, la izquierda la consideraba "dogmática" y profundizadora en el modelo neoliberal instaurado durante el régimen militar.
El presidente Boric, tras depositar su voto, afirmó: "Independientemente del resultado, vamos a seguir trabajando por las prioridades de la gente." A diferencia del plebiscito del año pasado, Boric no se involucró directamente en esta elección.
La opción de rechazar la propuesta constitucional predominó en la mayoría de las dieciséis regiones del país, especialmente en la capital, Valparaíso (centro), y la norteña Antofagasta.
Este resultado marca un episodio significativo en la historia constitucional chilena y plantea preguntas sobre el futuro de la carta magna en el país sudamericano.
