Barranquilla – El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó el cierre inmediato del viejo puente Pumarejo, que conecta Barranquilla con el corregimiento de Palermo, Magdalena, tras constatar riesgos estructurales que ponen en peligro a peatones, vehículos y embarcaciones.
La decisión fue adoptada por la magistrada Carmen Lorduy González, luego de admitir la Acción Popular presentada por el personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate Salcedo. La medida cautelar busca prevenir accidentes y proteger a la comunidad ante el avanzado deterioro de la estructura.
Según Alzate, “el viejo puente representa un riesgo para la comunidad por su avanzado deterioro y abandono institucional”, destacando la vulneración de derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, manejo de recursos y seguridad pública.
Durante una inspección realizada el 25 de agosto, Alzate y su equipo técnico evidenciaron grietas, ranuras y huecos en la calzada, hurto de elementos metálicos y ausencia de mallas de protección sobre el río Magdalena, aumentando la probabilidad de desprendimiento de fragmentos.
Medidas cautelares y responsabilidades
La magistrada ordenó al Ministerio de Transporte y al Invías instalar barreras, muros o cerramientos en ambos extremos del puente, además de señalización preventiva. Estas acciones deben ejecutarse en un plazo máximo de 45 días desde la notificación. La medida también contempla la creación de una mesa técnica y la realización de estudios para una eventual demolición definitiva.
El proceso involucra varias entidades: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Dirección General Marítima (Dimar), Cormagdalena, UNGRD, los departamentos del Magdalena y Atlántico, la Contraloría Departamental, el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe y la Universidad Nacional.
La acción busca limitar riesgos mientras se define la intervención estructural, incluyendo la delimitación de una franja de seguridad para embarcaciones menores.
Impacto para la comunidad
El cierre afecta directamente la movilidad de miles de residentes y trabajadores que utilizaban el puente como ruta habitual. La decisión busca prevenir accidentes y garantizar la seguridad pública mientras se desarrollan las medidas estructurales necesarias.
Además, los pescadores y embarcaciones menores que navegan por el río Magdalena deberán respetar la nueva franja de seguridad, ajustando temporalmente sus recorridos.
El personero de Barranquilla enfatizó que la intervención protege a quienes transitan por la vía y a las comunidades ribereñas, así como a la navegación fluvial, que podría verse afectada por la caída de fragmentos.
El viejo puente Pumarejo, inaugurado hace varias décadas, ha sufrido desgaste por falta de mantenimiento y hurto de elementos metálicos. Denuncias previas alertaron sobre su estado crítico y la necesidad de acciones inmediatas.
La inspección del 25 de agosto confirmó grietas profundas, huecos y ausencia de barandas y mallas de protección, incrementando la vulnerabilidad ante condiciones climáticas adversas y el paso constante de vehículos y peatones.
La decisión judicial busca frenar la exposición de la comunidad al riesgo y garantizar que las medidas de seguridad se implementen de manera efectiva y en el plazo determinado.
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El Ministerio de Transporte y el Invías tienen la responsabilidad de cumplir con las órdenes de cierre, instalación de barreras y señalización. La mesa técnica evaluará la viabilidad de demolición y la planificación de futuras intervenciones.
La coordinación entre instituciones busca mantener la seguridad pública y la protección de la infraestructura fluvial durante el periodo de transición.
El cierre también permite al Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y a Puerta de Oro supervisar el tránsito de embarcaciones, evitando accidentes y daños materiales.
“El puente representa un riesgo constante para todos los que transitan por la zona. La falta de mantenimiento puede generar desprendimiento de fragmentos y accidentes graves”, señaló el personero Alzate. La intervención judicial prioriza la seguridad y la protección de derechos colectivos en la ciudad y el Atlántico.
Se espera que el Invías y el Ministerio de Transporte instalen barreras, muros y señalización en ambos extremos del puente dentro de los 45 días siguientes a la notificación. Paralelamente, la mesa técnica evaluará la viabilidad de demolición y la planeación de intervenciones futuras.
La medida cautelar adoptada por el Tribunal Administrativo del Atlántico enfatiza la importancia de proteger la seguridad de peatones, vehículos y embarcaciones mientras se desarrollan soluciones definitivas para la infraestructura.
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