Barranquilla - Las esperanzas de una reducción en las tarifas eléctricas en la Región Caribe se mantienen en suspenso mientras los resultados de dos demandas en curso son aguardados con expectación. El Gobierno Nacional, encabezado por Gustavo Petro, ha enfrentado un revés en su intento de disminuir los costos energéticos en esta zona del país, dejando a los usuarios residenciales, comerciales e industriales con opciones limitadas para frenar el continuo aumento. La empresa Air-e, en particular, ha registrado un aumento significativo en el precio del kilovatio/hora, alcanzando los $915.63 en junio, según datos recopilados por la Oficina de Servicios Públicos de Barranquilla.
Demandas judiciales como último recurso
La creciente insatisfacción por los aumentos en las tarifas eléctricas ha impulsado a los usuarios de la Región Caribe a buscar soluciones a través del sistema judicial. Dos demandas clave están actualmente en proceso para frenar la espiral alcista que se ha mantenido desde 2021. La primera de estas demandas es una Acción Popular presentada por los personeros de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate; Santa Marta, Edwar Orozco; y Riohacha, Yeison Deluque, todas ciudades atendidas por Air-e. El personero Alzate, uno de los impulsores de la demanda, sostiene que la negativa de la Creg a revisar las resoluciones es injustificada, ya que existe evidencia de perjuicio para los usuarios de la Región Caribe. Alzate insiste en que la reducción de tarifas es "justa y necesaria" debido al daño que están experimentando los más de 2.7 millones de usuarios atendidos por Air-e, así como por el mercado de Afinia en otras ciudades. La disparidad en las tarifas, que son significativamente más altas que las de otras áreas del país, está creando obstáculos para el acceso equitativo a un servicio esencial. Los demandantes esperan que el fallo judicial restablezca los derechos de los usuarios y mejore su calidad de vida.
Medidas cautelares y perspectivas en el proceso
La primera de estas acciones es una Acción Popular que está en manos del magistrado Jorge Eliécer Fandiño. Además de buscar protección para los derechos colectivos e individuales, se ha solicitado la suspensión de las Resoluciones 010 y 078 como medida cautelar. Simultáneamente, una segunda demanda, una Acción de Nulidad, está en curso en el Consejo de Estado. Esta acción fue presentada por los alcaldes de las capitales costeñas en protesta contra las resoluciones de la Creg. La Alcaldía de Barranquilla ha calificado el cobro autorizado como un "impuesto disfrazado", y se busca anular las resoluciones debido a los perjuicios regionales que han causado tanto a sectores residenciales como productivos.
Llamados a la acción por parte de los demandantes
El alcalde Jaime Pumarejo, quien ha sido un crítico vocal de los incrementos eléctricos, ha abogado por tres soluciones fundamentales para reducir las tarifas y poner fin a las anomalías en el sistema eléctrico. Pumarejo ha señalado que los residentes de la Costa se ven obligados a elegir entre alimentarse y pagar sus facturas de luz debido a los altos costos. La subnormalidad eléctrica, que ha dado lugar al robo de energía y a aumentos tarifarios injustificados, ha afectado especialmente a los usuarios de la Región Caribe. Los resultados de las demandas en curso podrían proporcionar un camino hacia la estabilidad tarifaria y el acceso equitativo a este servicio esencial.
