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La intervención de Sanitas, calificada como improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria por el Grupo Keralty, dueños de la EPS, genera preocupación. Además, el Grupo Internacional anuncia que está estudiando posibles demandas.
Los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha buscan detener el incremento excesivo que afecta a millones de usuarios y sectores productivos, colocándolos en niveles de desigualdad.
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