Colombia - Sandra Ortiz, exconsejera presidencial de Gustavo Petro, fue enviada a la cárcel por decisión de la juez tercera penal municipal con función de control de garantías de Bogotá. La medida está relacionada con su presunta participación en un esquema de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), así como a otros altos funcionarios y congresistas.
La Fiscalía General de la Nación señaló que Ortiz actuó como intermediaria en la entrega de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado,
Iván Name. Según declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, Ortiz habría fungido como "mensajera" en esta transacción. "Ella era el enlace para el tema que sucedió en los carrotanques. Al presidente del Senado se le tenían que entregar 3.000 millones de pesos y ella fue la persona a la cual yo le hago la entrega", afirmó Pinilla.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentran conversaciones de WhatsApp que Ortiz habría eliminado, donde se habrían coordinado detalles de la entrega del dinero. Además, el material probatorio incluye videos, datos de georreferenciación y testimonios que refuerzan las acusaciones en su contra.
La juez argumentó que Ortiz representa un riesgo para la sociedad y para el curso de la investigación, debido a su capacidad de influir sobre testigos y alterar las pruebas recolectadas. Por esta razón, ordenó su reclusión en la cárcel de mujeres El Buen Pastor mientras avanza el proceso judicial.
En el desarrollo del caso, se reveló que Ortiz habría presionado para aprobar una adición presupuestal de 11.000 millones de pesos en un contrato de la Ungrd relacionado con el senador Iván Name. Según el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, esta modificación fue gestionada directamente por la exconsejera presidencial.
Otra línea de investigación apunta al posible uso de los 3.000 millones de pesos para financiar la campaña política de María Clara Name, hija del senador, al Concejo de Bogotá. La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia vinculó estos recursos con dicha causa electoral, ampliando el alcance de las acusaciones.
La Fiscalía subrayó la complejidad del caso, que involucra a otras figuras de alto perfil, como Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Los hallazgos iniciales han establecido un marco sólido para continuar con las investigaciones.
