Colombia - La Corte Constitucional de Colombia ha resuelto el conflicto de competencia entre los tribunales de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en relación con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. En una decisión reciente, la Corte ha determinado que la jurisdicción de Justicia y Paz será la encargada de juzgar a Mancuso por los delitos que se le imputan.
El conflicto jurisdiccional surgió entre las salas de Justicia y Paz en Barranquilla y Bogotá y la JEP, respecto a los crímenes cometidos por Mancuso, quien lideró el Bloque Catatumbo. La Corte Constitucional, basándose en el artículo 16 de la Ley 975 de 2005, estableció que es Justicia y Paz la entidad competente para procesar a las personas desmovilizadas de grupos paramilitares.
El 19 de julio de 2024, Salvatore Mancuso compareció como testigo ante la Corte Suprema de Justicia en una investigación sobre presuntos vínculos entre el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y el grupo criminal 'Los Rastrojos'. Mancuso no realizó declaraciones sobre la investigación de Acuña, quien está acusado de tener nexos con narcotraficantes.
La decisión de la Corte Constitucional implica que los procesos en curso contra Mancuso continuarán bajo la jurisdicción de Justicia y Paz. La Procuraduría General de la Nación había manifestado su oposición a la suspensión de las medidas de aseguramiento de detención preventiva de Mancuso, cuestionando la falta de detalles sobre el proyecto de Mancuso como gestor de paz.
La Procuraduría argumentó que Justicia y Paz asegura que los responsables cumplan con las reparaciones a las víctimas, a diferencia de la JEP, que no exige el mismo nivel de cumplimiento. La Corte determinó que mantener el juicio en Justicia y Paz garantiza la reparación integral a las víctimas.
Este fallo de la Corte Constitucional aclara la jurisdicción aplicable a los casos de desmovilizados de grupos paramilitares y destaca las diferencias en las competencias entre Justicia y Paz y la JEP. La resolución busca asegurar la correcta administración de justicia en casos relacionados con la violencia paramilitar en Colombia.