Colombia – La Fiscalía General de la Nación radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencias para imputar cargos y pedir medida de aseguramiento en cárcel contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, en el marco de la macroinvestigación por irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La petición formalizada por la Fiscalía incluye tres delitos: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según el escrito remitido al Tribunal, la Fiscalía considera que existen elementos probatorios que justifican no solo la imputación sino la imposición de medida de aseguramiento intramural por la gravedad de los hechos investigados.
La investigación se nutre de testimonios de colaboradores, documentos contractuales y registros financieros que, según la Fiscalía, evidencian un patrón de adjudicaciones y movimientos de recursos dirigidos a favorecer a particulares y a la obtención de apoyos políticos. "La documentación muestra un patrón sistemático", señaló un funcionario judicial citado en el pliego de la investigación. La defensa del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, expresó que está "en total disposición para comparecer ante los jueces".
El núcleo probatorio reportado por la Fiscalía incluye actas de adjudicación, contratos con aparentes sobrecostos y extractos que, según la investigación, permiten trazar el flujo de dinero desde la UNGRD hacia terceros vinculados a la red investigada. La acusación apunta a que, desde funciones de alto nivel ministerial, se habrían facilitado las condiciones para que recursos públicos fueran destinados a fines distintos a los previstos por la ley.
Contexto y alcance del caso
El escándalo parte de irregularidades detectadas desde mediados de 2024 en la UNGRD, entidad encargada de gestionar recursos para emergencias, desastres y ayuda humanitaria. La Fiscalía y autoridades administrativas identificaron contratos supuestamente ficticios, sobrevaloraciones y adjudicaciones sin los controles exigidos, que habrían permitido el desvío de miles de millones de pesos.
En junio de 2024, el exdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, declaró ante las autoridades y señaló que se le ordenó ofrecer contratos a congresistas a cambio de apoyo político. Según la narración incorporada al expediente, esas operaciones se habrían realizado con la intervención de funcionarios de distintos niveles, y en varias ocasiones habrían sido coordinadas con instrucciones provenientes de despachos ministeriales.
Antecedentes procesales
El proceso ha incluido capturas y detenciones de exdirectores de la UNGRD, contratistas y funcionarios de menor rango. La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia ostenta la investigación principal y, según fuentes procesales, la presente solicitud de imputación contra Bonilla y Velasco integra la fase de formalización contra los presuntos líderes de la red.
Los delitos imputados tienen implicaciones jurídicas diferenciales. El concierto para delinquir agravado contempla la estructura organizada para la comisión reiterada de delitos; el interés indebido en la celebración de contratos sanciona la intervención indebida de un servidor público en procesos de contratación; y el cohecho por dar u ofrecer se refiere a la entrega o promesa de dádivas para obtener beneficios indebidos.
La medida de aseguramiento solicitada —detención preventiva intramural— se fundamenta en la presunta gravedad de los hechos y en el riesgo que, según la Fiscalía, representarían la posible obstrucción de la investigación o la reiteración delictiva. Corresponderá al Tribunal Superior de Bogotá valorar si concurren los requisitos legales para imponer dicha medida.
En lo procesal, la fijación de audiencia de imputación y de medida de aseguramiento es un paso formal que obliga a la Fiscalía a presentar el material probatorio disponible y a la defensa a responder a las imputaciones ante el juez. La carga probatoria en esta etapa no exige la prueba plena del delito, pero sí indicios suficientes que justifiquen la formulación de cargos.
Los números manejados en las actuaciones preliminares señalan transferencias y movimientos por montos que, según estimaciones fiscales, superan los 50.000 millones de pesos. Ese cálculo, aún sujeto a verificación contable y pericial, se cita como indicador del alcance económico del presunto esquema de desviación de fondos.
En el plano político, el caso se produce en medio de tensiones alrededor de la gestión del gobierno nacional y de cuestionamientos sobre la relación entre entidades públicas y apoyos legislativos. Aunque el expediente alcanza a exministros del más alto nivel, hasta ahora no existen cargos formales contra el presidente de la República.
La Fiscalía ha sostenido que el objetivo de la acción penal es desarticular la red, individualizar responsabilidades y recuperar recursos públicos. En la práctica, la investigación podría implicar la revisión de contratos anteriores, citaciones de nuevos testigos y la apertura de líneas de pesquisa vinculadas a actores regionales y nacionales.
La defensa de Bonilla, además de anunciar su disposición a comparecer, ha solicitado acceder a las pruebas recopiladas para preparar su respuesta legal. Por su parte, hasta el momento no hay declaraciones públicas del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, según fuentes procesales consultadas por este despacho.
El avance hacia la imputación de Bonilla y Velasco representa un punto de inflexión en la investigación: por primera vez, la Fiscalía busca formalmente responsabilizar a exministros por su presunta vinculación con la trama de la UNGRD. El desarrollo procesal será seguido de cerca por las instituciones del sector público, por la comunidad jurídica y por actores políticos nacionales, dada la magnitud de los recursos involucrados y las posibles implicaciones para la gestión pública.
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