Colombia - En rueda de prensa realizada en el Búnker de la Fiscalía General de la Nación, se anunció que solicitarán audiencia de imputación de cargos contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión en el cargo. Según el ente acusador, Bonilla será llamado a responder por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
La fiscal María Cristina Patiño, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, será la encargada del proceso. De acuerdo con las declaraciones del organismo judicial, los hechos que motivan esta decisión están relacionados con decisiones administrativas tomadas por Bonilla mientras ocupaba la cartera de Hacienda en el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Hasta el momento no se ha emitido una orden de captura en contra del exfuncionario, quien podrá comparecer ante la justicia en libertad mientras se define la fecha de la audiencia. La imputación de cargos forma parte de una investigación preliminar iniciada meses atrás, que ahora avanza hacia una fase judicial formal.
Esta imputación se vincula con el escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que ha salpicado a varios funcionarios y exfuncionarios del actual gobierno. En particular, se investiga si Bonilla habría intervenido o influenciado la asignación de recursos o contratos relacionados con esa entidad.
La Fiscalía no ha entregado mayores detalles sobre el contenido de los contratos observados ni sobre las personas o entidades eventualmente beneficiadas. Sin embargo, trascendió que se trataría de decisiones que comprometen la transparencia de procesos contractuales bajo su vigilancia.
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El exministro Bonilla no se ha pronunciado públicamente sobre el anuncio. Tampoco lo ha hecho el Ministerio de Hacienda ni la Presidencia de la República, que mantienen silencio frente al proceso. Esta situación surge en medio de una relación tensa entre el Ejecutivo y la Fiscalía, agravada por varios cruces públicos sobre la autonomía de poderes y la investigación a otros altos funcionarios.
El anuncio de la imputación ocurre pocas semanas después de la salida de Bonilla del gabinete presidencial, una decisión que en su momento fue atribuida a ajustes políticos dentro del equipo de gobierno. Ahora, su nombre vuelve al centro de la opinión pública por cuenta de este proceso penal en curso.
