La Fiscalía ha dado a conocer los resultados de una investigación que señala la existencia de corrupción en los estrados judiciales del Atlántico. Se ha descubierto un entramado criminal que, presuntamente, estuvo involucrado en la manipulación de seis fallos a favor de particulares que demandaron administrativamente a distintas entidades en esa región, durante el periodo comprendido entre abril y agosto de 2014.
#ATENCIÓN | El trabajo investigativo de la #Fiscalía puso al descubierto un entramado criminal que, entre abril y agosto de 2014, presuntamente direccionó seis fallos en favor de particulares que demandaron administrativamente a distintas entidades en Atlántico. pic.twitter.com/TjDxSJPH6t
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 18, 2023
Entre los acusados se encuentra la procuradora delegada Faicy León Mass, a quien se le imputan los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho impropio. Asimismo, se ha acusado a María Milagros Navarro Lobo, asesora del Tribunal Administrativo del Atlántico, de cohecho impropio y cohecho propio. También se menciona a los abogados Victoriano Sierra, Yenny Bustamante, Yina Paola y Sindris Benthan Arias, acusados de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
El director Especializado contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, Eduard Alirio Calderón, ha informado sobre los detalles de esta investigación. Según Calderón, se ha evidenciado que se concertaron dádivas desde una oficina de abogados para influir en funcionarios judiciales y de la Procuraduría con el objetivo de obtener fallos favorables. La investigación ha identificado varios eventos en los que los acusados habrían participado.
Según la investigación de la Fiscalía, los abogados habrían entregado una suma de 10 millones de pesos a un juez Administrativo de Barranquilla y otra suma a una juez de Sabanalarga, con el propósito de obtener decisiones rápidas y favorables en casos tramitados en dichos juzgados.
En relación a esto, se ha descubierto que Navarro Lobo habría redactado una sentencia en la cual el Tribunal Administrativo de Atlántico ordenó a la Policía Nacional indemnizar a un grupo de personas. Esta decisión contó con el respaldo de la procuradora León Mass. Según la Fiscalía, durante estas actuaciones se habrían entregado 12 millones de pesos a las dos funcionarias.
