Ante la juez 59 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, la Fiscalía presentó las acusaciones formales contra los tres empresarios involucrados en el entramado de corrupción relacionado con el programa Centros Poblados y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
La Fiscalía señala que estos individuos habrían incurrido en conductas delictivas con el objetivo de obtener el desembolso de 70.000 millones de pesos del contrato que buscaba llevar internet a zonas apartadas del país.
Juan José Laverde, Tomás José Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres Bayona son acusados de conductas delictivas con el objetivo de obtener el desembolso de 70.000 millones de pesos del contrato que buscaba llevar internet a zonas apartadas del país. Laverde y Lascarro Torres serán llevados a juicio por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Por su parte, Cáceres Bayona es acusado de peculado por apropiación.
La Fiscalía señala que Emilio José Tapia Aldana, condenado anteriormente por el escándalo de corrupción del "carrusel de contratación", fue el cerebro de este nuevo entramado, ya que supuestamente estuvo detrás de la conformación de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020.
Según la investigación esta Unión Temporal utilizó engaños y pólizas de seguros falsas para obtener la licitación y el contrato de más de un billón de pesos, además de obtener el anticipo de 70.000 millones de pesos.
