Colombia – La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 19 bienes, avaluados en más de 2.500 millones de pesos, que estarían ligados a una red delictiva señalada de gestionar visas a Estados Unidos usando documentos falsos. Los inmuebles, vehículos y sociedades fueron ubicados en Bogotá, Medellín (Antioquia), Barranquilla (Atlántico) y Santa Marta (Magdalena).
El operativo estuvo a cargo de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, que tras un análisis patrimonial determinó que los bienes habrían sido adquiridos con recursos obtenidos por medios ilegales o usados directamente para las actividades fraudulentas. La Fiscalía aplicó medidas excepcionales de suspensión del poder dispositivo, lo que impide a los propietarios disponer legalmente de los activos mientras se adelanta el proceso de extinción de dominio.
Entre los bienes afectados se encuentran seis inmuebles, cinco vehículos de alta gama, cuatro motocicletas, dos establecimientos de comercio y dos sociedades. Todos están relacionados, según los investigadores, con la estructura criminal que ofrecía asesorías migratorias ilegales a ciudadanos que deseaban obtener visa estadounidense. Estos bienes habrían servido como fachada para el desarrollo de actividades ilegales o como medio para ocultar el origen de los recursos.
La red cobraba por construir perfiles falsos. De acuerdo con el expediente, los implicados consignaban información laboral, personal y crediticia falsa de quienes solicitaban la visa. Con estos documentos adulterados, buscaban engañar a los funcionarios consulares de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Algunas de estas solicitudes lograron ser aprobadas, según los hallazgos de la Fiscalía, lo que agrava la situación legal de los involucrados.
Este tipo de fraude pone en riesgo los controles migratorios y afecta los acuerdos de cooperación entre Colombia y Estados Unidos. Las autoridades recordaron que presentar información falsa en solicitudes oficiales, además de ser un delito, puede derivar en sanciones penales tanto para los intermediarios como para los solicitantes.
La Fiscalía aclaró que esta información se publica por razones de interés general. En Colombia, el delito de falsedad en documento público o privado está contemplado en el Código Penal y puede acarrear penas de prisión. Las personas que pagan por estos servicios también podrían enfrentar consecuencias judiciales si se demuestra su conocimiento del engaño.
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El proceso de extinción de dominio en Colombia permite al Estado tomar control de bienes relacionados con actividades ilícitas, sin importar si los propietarios están condenados penalmente. Es una herramienta que busca debilitar las estructuras criminales afectando directamente su capacidad económica.
La Dirección Especializada de Extinción de Dominio continúa con el rastreo de bienes relacionados con esta red. No se descartan nuevas medidas cautelares o investigaciones contra otras personas que hayan participado en el esquema fraudulento. Los bienes permanecerán bajo control de las autoridades mientras avanza el proceso legal.
Según fuentes del ente investigador, esta red habría operado durante un periodo prolongado, perfeccionando métodos de engaño y estableciendo canales de captación de clientes en varias ciudades del país. Los servicios se ofrecían como asesorías "personalizadas", con promesas de éxito casi garantizado en la obtención de la visa.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar recurrir a terceros que ofrezcan este tipo de trámites con información falsa. El uso de datos ficticios no solo pone en riesgo la solicitud de visa, sino que puede desencadenar investigaciones penales.
