Colombia - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha señalado que podría promulgar el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025 por decreto si el Congreso no lo aprueba. La propuesta gubernamental, que asciende a $523 billones, incluye una reforma tributaria para cubrir $12 billones no asegurados, lo que ha generado controversia.
El PGN, elaborado por el Ministerio de Hacienda, plantea cubrir el déficit mediante una reforma tributaria que ha suscitado desacuerdo en el Congreso. Varios congresistas han manifestado su oposición a la medida, argumentando que debería ser discutida por separado del presupuesto.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha criticado la inclusión de la reforma tributaria en el PGN, exigiendo que se desagregue el monto de la reforma antes de la próxima sesión legislativa. Cepeda ha afirmado que la falta de desvinculación podría llevar a la negativa del presupuesto en su totalidad.
La reforma tributaria, que propone aumentar los impuestos a los altos ingresos y reducir la carga fiscal de las empresas, salvo las que extraen combustibles fósiles, ha sido cuestionada por su impacto en la inversión y el empleo, especialmente en el sector energético. El gobierno sostiene que es necesaria para asegurar la estabilidad financiera del país, pero algunos sectores la consideran perjudicial para la competitividad empresarial.
La situación ha polarizado a los legisladores. Mientras que algunos apoyan el PGN con la reforma incluida, otros abogan por tratar la reforma tributaria como un proyecto separado. La falta de consenso podría dificultar la aprobación del presupuesto antes del plazo del 15 de septiembre.
El presidente Petro ha advertido que, si no se logra un acuerdo con el Congreso antes de la fecha límite, procederá a emitir el presupuesto por decreto, una opción contemplada en la Constitución. La posibilidad de que el presupuesto sea decretado ha sido calificada por algunos críticos como una forma de "dictadura fiscal". Este término se refiere a la concentración del control sobre los recursos públicos en el Ejecutivo sin la aprobación del Legislativo, lo que podría levantar cuestionamientos sobre el respeto al proceso democrático y la separación de poderes.
En el ámbito internacional, una medida de este tipo podría influir negativamente en la percepción de la estabilidad económica de Colombia y en la confianza de los inversionistas extranjeros. La imposición del presupuesto por decreto podría ser vista como un signo de inestabilidad política y fiscal, afectando la imagen del país en los mercados globales.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y los congresistas han mantenido reuniones sin avances significativos. La falta de acuerdo sobre la reforma tributaria sigue siendo un punto de fricción en las discusiones.
Las próximas semanas serán cruciales para determinar si se alcanza un acuerdo o si el gobierno recurrirá al decreto para implementar el presupuesto. La incertidumbre sobre la resolución del conflicto puede influir en la percepción de la estabilidad económica de Colombia y en la confianza de los inversionistas extranjeros.
