Juan de Acosta, Atlántico - La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra Carlos Manuel Higgins Villanueva, alcalde de Juan de Acosta, por presunta omisión en el pago de prestaciones sociales a los empleados de carrera administrativa durante los años 2020 y 2021. Esta situación ha generado preocupación en la comunidad y entre los funcionarios de la administración municipal.
El ente de control sostiene que, como ordenador del gasto, Higgins Villanueva no cumplió con los decretos que garantizan derechos fundamentales como la prima de vacaciones y bonificaciones por recreación y servicios prestados. Esta omisión afecta no solo a los empleados, sino también a sus familias y a la comunidad, que confía en que sus líderes cumplan con sus responsabilidades.
La Procuraduría destaca que las prestaciones sociales son esenciales, ya que "se convierten en emolumentos que hacen parte de un esquema solidario que, junto con los salarios, propenden por niveles mínimos de seguridad social". Estas prestaciones son vitales para asegurar el bienestar de los trabajadores ante situaciones como el desempleo, la enfermedad y otros imprevistos.
El proceso administrativo ha sido calificado como grave, lo que implica que la conducta del alcalde podría tener serias repercusiones legales. La comunidad espera que se actúe con firmeza en este caso, ya que es crucial garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
Este tipo de irregularidades en la administración pública no son aisladas en Colombia, donde diversos funcionarios han enfrentado sanciones por situaciones similares. La importancia de la formación continua para los servidores públicos es un tema que se torna relevante, dado que es fundamental que conozcan y cumplan con sus obligaciones.
La vigilancia por parte de la Procuraduría General de la Nación es esencial para proteger los derechos laborales y garantizar que los funcionarios actúen conforme a la ley. La comunidad de Juan de Acosta sigue de cerca el desarrollo de este caso, buscando asegurarse de que se mantenga la confianza en sus líderes y en la administración pública en general.
