Barranquilla D.E.I.P - Desde la Asamblea del Atlántico, el diputado y excandidato a la Gobernación, Alfredo Varela, ha alzado la voz en una denuncia que apunta a la empresa Air-e, acusándola de cobrar una exorbitante comisión por la recaudación de un impuesto en el departamento. En el centro de la polémica se encuentra la tasa de seguridad y convivencia ciudadana, una contribución recaudada a través del servicio de energía y destinada a la Gobernación del Atlántico.
Según las afirmaciones de Varela, Air-e retendría el 3% del total del impuesto, una cifra cercana a los 3.600 millones de pesos, generando así posibles consecuencias perjudiciales. En una entrevista reciente, el diputado expresó su consternación, calificando la comisión como un "despropósito" que afecta los intereses de los hogares atlanticenses. Además, señaló que Air-e no solo obtiene ganancias por prestar el servicio eléctrico, sino también por la recaudación de este impuesto.
Varela afirmó que desde la Asamblea se llevará a cabo un reclamo enérgico sobre la gestión de la empresa, destacando la posición de que "no se debería pagar un solo peso de comisión". En relación con la posibilidad de un detrimento patrimonial para el departamento, el diputado indicó que los recursos destinados a la seguridad terminan siendo parte de las "utilidades de una empresa privada".
En respuesta a estas acusaciones, Air-e ha reconocido la veracidad de la denuncia y ha expresado su disposición a entregar el recaudo utilizando otro medio. No obstante, desde la Asamblea se sostiene que la empresa no ha transferido el recaudo de la tasa de seguridad y convivencia a la Gobernación del Atlántico.
Otra voz desde la Asamblea que se une a la denuncia es la del diputado Gonzalo Baute, quien ha declarado que Air-e ha suspendido el giro de estos recursos a la Gobernación desde enero de 2022, poniendo en "riesgo" la inversión y la salud crediticia del departamento. Baute reveló oficios enviados a la Contraloría para el pago inmediato de estos impuestos, expresando su inquietud por los actos de omisión que afectan al Atlántico.
Ante esta situación, Baute solicitó citar a la Contralora departamental para conocer las gestiones realizadas frente al oficio emitido por la Gobernación. También extendió la invitación a las directivas de Air-e para abordar la problemática. Por su parte, el diputado Alfredo Varela reveló que en 2019 la Asamblea aprobó que Air-e pudiera ganar el 3% de la recaudación de estos impuestos, casi 4.000 millones de pesos al año. No obstante, anunció la presentación de una ordenanza para eliminar esta disposición.
La controversia planteada por los diputados destaca la preocupación en torno a la gestión de la recaudación de impuestos destinados a la seguridad y convivencia en el Atlántico, generando un debate sobre la relación entre empresas privadas y la administración pública en este contexto político y financiero.
