El presidente del Senado de Colombia, Roy Barreras, ha expresado su preocupación por la situación de violencia que se ha presentado en el país en las últimas semanas. En particular, ha condenado el secuestro de 78 policías y seis civiles que tuvo lugar en San Vicente del Caguán, Caquetá, el pasado jueves. Según Barreras, lo sucedido fue un secuestro y no un "cerco humanitario", como ha afirmado el ministro del Interior, Alfonso Prada.
Para el presidente del Senado, el secuestro de los miembros de la Fuerza Pública es un acto ilegal e ilegítimo que pone en riesgo la legitimidad del Estado de derecho. Barreras ha calificado la situación como una humillación para la Fuerza Pública y ha exigido al Gobierno que descalifique públicamente cualquier uso de la justicia por mano propia.
El senador ha defendido la protesta pacífica, pero ha insistido en que no se debe avalar la usurpación de funciones de las autoridades. En sus palabras, “la protesta social no puede confundirse con la protesta violenta. Lo que ocurrió en el Caquetá fue una humillación para la Fuerza Pública, y no se trata solo de una humillación que ya es grave para las personas, pero cuando se humilla a la Fuerza Pública, se humilla al Estado de derecho, se humillan las instituciones”.
El presidente del Senado ha expresado su respaldo tanto al presidente Gustavo Petro como a los uniformados y a la institucionalidad que representan. Sin embargo, ha dejado claro que es necesario distinguir entre la protesta social y la protesta violenta.
"ninguna de las guardias puede reemplazar a la Fuerza Pública. Hay que descalificarlo para salvar y blindar la protesta social pacífica, que es justa y necesaria".
Diálogos con el Narcotráfico
Además, Barreras ha pedido al gobierno que suspenda cualquier diálogo que se esté haciendo o se piense realizar con narcotraficantes en el marco de la paz total. Según el senador, la suspensión de estos diálogos pone en riesgo el proceso de paz en el país.
En este sentido, el presidente del Senado ha señalado que los narcotraficantes no pueden ir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y solo a la justicia penal ordinaria. Barreras ha denunciado que los intermediarios abusan de la paz total y ha pedido al gobierno que no se deje intimidar por ellos.
