Colombia - La Corte Suprema de Justicia ordenó enviar a prisión a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique dentro de la investigación por presuntos sobornos ligados a contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), decisión que impone medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.
La determinación fue adoptada por la Sala de Instrucción del alto tribunal tras analizar los elementos probatorios reunidos durante varios meses de investigación sobre un posible entramado de corrupción que habría involucrado a congresistas, funcionarios públicos y contratistas alrededor del manejo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El expediente judicial examina si decisiones legislativas fueron influenciadas por ofrecimientos indebidos relacionados con contratos financiados con recursos estatales.
De acuerdo con el expediente, la investigación se centra en presuntos acuerdos para facilitar conceptos favorables en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, instancia del Congreso que participa en el trámite de operaciones de endeudamiento del Estado. Ese concepto es un paso previo necesario para que el Gobierno nacional pueda ejecutar determinadas operaciones financieras y proyectos financiados mediante créditos internacionales o recursos públicos.
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Según los indicios recopilados por los investigadores, algunos congresistas habrían aceptado beneficios a cambio de respaldar esas operaciones en el Congreso. A cambio, presuntamente se habrían direccionado proyectos y contratos financiados con recursos administrados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad encargada de coordinar la respuesta institucional ante emergencias climáticas, desastres naturales y situaciones de calamidad pública en distintas regiones del país.
La Corte Suprema consideró que los elementos de prueba recopilados permiten inferir la posible existencia de un acuerdo indebido entre funcionarios públicos y congresistas para influir en decisiones legislativas. Con base en esa valoración preliminar, el alto tribunal concluyó que era procedente imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra Wadith Manzur y Karen Manrique mientras continúa el proceso penal.
El tribunal argumentó que la medida busca garantizar el adecuado desarrollo de la investigación y evitar eventuales interferencias en la recolección de pruebas o en la práctica de testimonios. En esta etapa procesal la Corte continúa recaudando evidencias documentales, registros de contratación, comunicaciones y declaraciones que permitan establecer con mayor precisión la participación de cada uno de los investigados dentro del presunto entramado de corrupción.
Dentro del mismo expediente judicial también aparecen vinculados otros dirigentes políticos que habrían tenido relación con los hechos investigados. En su caso, la Corte Suprema decidió llamarlos a juicio para que respondan por los presuntos delitos investigados, aunque continuarán vinculados al proceso en libertad mientras se adelanta la etapa correspondiente del juicio ante el alto tribunal.
Entre los nombres mencionados en el expediente se encuentran los congresistas Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado, así como el excongresista Juan Diego Muñoz. Todos deberán comparecer ante la justicia para responder por su presunta participación en las decisiones investigadas, relacionadas con el trámite legislativo de operaciones de crédito público y con posibles beneficios derivados de contratos estatales.
El caso forma parte del escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, investigación que surgió tras denuncias sobre irregularidades en la adjudicación de contratos financiados con recursos destinados a atender emergencias y eventos climáticos. Las autoridades judiciales indagan si esos fondos habrían sido utilizados para asegurar apoyos políticos dentro del Congreso.
Las pesquisas también buscan establecer si funcionarios o intermediarios ofrecieron proyectos regionales financiados con recursos de la entidad como mecanismo para asegurar respaldo político en determinadas decisiones legislativas. Esa hipótesis investiga la posible existencia de una red de intermediación que habría conectado a funcionarios, contratistas y dirigentes políticos alrededor del manejo de recursos públicos.
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El expediente ha generado repercusiones en el escenario político nacional debido a que varios de los investigados han tenido participación activa en comisiones del Congreso relacionadas con asuntos fiscales y financieros del Estado. La eventual utilización de contratos públicos para influir en decisiones legislativas constituye uno de los ejes centrales de la investigación que adelanta el alto tribunal.
Con la orden de detención contra Wadith Manzur y Karen Manrique, el proceso entra ahora en una fase en la que la Corte Suprema continuará evaluando pruebas y testimonios para determinar la eventual responsabilidad penal de los implicados. Durante esta etapa se practicarán nuevas diligencias judiciales destinadas a esclarecer el alcance del presunto esquema investigado.
La evolución del caso será determinante para establecer si existió un sistema de intercambio de favores entre decisiones legislativas y contratación pública alrededor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El alto tribunal deberá definir, con base en las pruebas reunidas durante el proceso, la responsabilidad individual de cada uno de los investigados dentro del expediente judicial.
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