Colombia - El Senado de la República aprobó este martes la eliminación de un polémico artículo dentro de la reforma a la justicia, que permitía a los abusadores sexuales de menores de edad acceder a beneficios judiciales, como la reducción de penas. Esta decisión se dio luego de semanas de debate y de presión tanto de la opinión pública como de los congresistas, quienes consideraron que la medida no reflejaba adecuadamente la gravedad de los delitos cometidos contra menores.
El artículo que fue revocado permitía a aquellos condenados por delitos sexuales o secuestro de menores obtener una reducción de hasta la mitad de su condena si cooperaban con la justicia, proporcionaban información sobre organizaciones criminales o se acogían a otros beneficios. La aprobación de su eliminación fue respaldada por una gran mayoría de congresistas, con 120 de los 305 miembros firmando una proposición conjunta para modificar el texto original de la reforma.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, había defendido inicialmente la inclusión de este artículo como una estrategia para reducir la impunidad, pero las críticas por parte de sectores de la sociedad y de la oposición llevaron al Gobierno a reconsiderar su posición. "El mensaje que se daba no era el adecuado", comentó Buitrago tras la eliminación del artículo.
La reforma, que es parte de un conjunto de medidas destinadas a mejorar el sistema judicial colombiano, ha sido una de las más debatidas en el Congreso durante los últimos meses. Sin embargo, la polémica en torno a este artículo, que provocó el rechazo de diversas organizaciones y ciudadanos, precipitó su modificación. La decisión se enmarca en una serie de acciones tomadas por el Gobierno para mostrar su compromiso con la seguridad infantil y el combate a la impunidad.
Casos recientes impulsan la decisión
El respaldo a la eliminación de este artículo surge en medio de un contexto marcado por varios casos de abuso y violencia contra menores que han sido ampliamente divulgados en los medios. En particular, el asesinato de Alexis Delgado, un niño de dos años, y el caso de Sofía Delgado, una niña de 12 años secuestrada y asesinada, fueron dos de los casos que aceleraron el rechazo hacia la medida. Estos eventos aumentaron la presión sobre el Congreso para evitar que los criminales pudieran acceder a beneficios judiciales por cooperar con las autoridades.
En el caso de Sofía Delgado, el presunto asesino, identificado como Brayan Campo, podría enfrentar una condena de más de 50 años, aunque aún se investiga si también cometió abuso sexual. Este tipo de crímenes, que conmocionaron al país, fueron citados en varios de los discursos de los congresistas que votaron en favor de eliminar el artículo.
Según cifras de Medicina Legal, el número de homicidios de menores de edad en Colombia ha aumentado considerablemente en los últimos años. En lo que va del 2024, ya se han registrado más de 370 casos de muertes violentas de menores, lo que ha generado una creciente preocupación en la sociedad colombiana sobre la eficacia del sistema judicial en el tratamiento de estos casos.
Los efectos de la eliminación del artículo
Eliminado el artículo, los agresores sexuales de menores no podrán acceder a una reducción en su pena a través de mecanismos de colaboración con la justicia. Esto significa que los condenados por delitos sexuales y secuestro de menores deberán cumplir con las condenas impuestas sin la posibilidad de disminuir su tiempo de prisión por "buen comportamiento" o por cooperar con las autoridades.
El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también expresó su respaldo a la eliminación del artículo, calificando la decisión como adecuada para evitar "discusiones innecesarias" en torno a la reforma. La medida sigue siendo parte de un conjunto más amplio de reformas judiciales que buscan hacer frente a la impunidad y garantizar una respuesta más efectiva a los crímenes de alto impacto en Colombia.
Sin embargo, se espera que el Congreso continúe debatiendo otras partes de la reforma, que incluyen medidas como el fortalecimiento de las instituciones judiciales y la creación de protocolos más claros en el manejo de casos de abuso infantil.
El debate sobre la cadena perpetua y la reforma judicial
La reforma judicial, que sigue siendo un tema central en la agenda política del país, también incluye propuestas para fortalecer las penas contra los agresores de menores. Sin embargo, la cadena perpetua, que fue incluida en la reforma aprobada durante el gobierno del expresidente Iván Duque, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en 2020. El alto tribunal consideró que esa pena podía violar los derechos humanos al ser una medida "cruel, inhumana y degradante". A raíz de esa decisión, el debate sobre el endurecimiento de las penas continúa siendo un tema sensible en la política colombiana.
La eliminación del artículo polémico de la reforma judicial muestra la necesidad de encontrar un equilibrio entre la severidad de las sanciones y el respeto por los derechos humanos. La ministra Buitrago señaló que la reforma seguirá adelante, pero se ajustará para evitar que las decisiones del Congreso generen más controversia.
