Colombia – Delegados de la Procuraduría General de la Nación adelantan en este momento una visita de inspección en la sede central de la Cancillería. El objetivo es revisar documentos que permitan establecer cómo y por qué la residencia oficial de la Embajada de Colombia en Managua fue utilizada para hospedar a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y señalado en el caso de corrupción de la UNGRD.
La diligencia es parte de la indagación previa abierta contra funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Migración Colombia. La Procuraduría busca identificar quién autorizó el alojamiento de González en la sede diplomática, así como las gestiones que habrían derivado en la expedición de su residencia legal en Nicaragua.
Procuraduría inspecciona Cancillería por hospedaje de González
A esta hora, funcionarios adelantan búsqueda de documentos y testimonios para establecer responsables del alojamiento en Nicaragua.
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Los delegados revisan archivos físicos y digitales en busca de comunicaciones internas, oficios diplomáticos y cualquier documento que pueda evidenciar una cadena de decisiones. Según fuentes del organismo, se prioriza el rastreo de órdenes administrativas y la identificación de los funcionarios que pudieron intervenir en el trámite.
“Se trata de esclarecer responsabilidades y determinar si se usaron recursos del Estado para favorecer a un prófugo de la justicia colombiana”, indicó una fuente de la Procuraduría que pidió reserva de identidad. La investigación disciplinaria podría derivar en sanciones para servidores públicos si se comprueba la participación en la gestión del hospedaje y la residencia.
Carlos Ramón González, cercano al presidente Gustavo Petro, fue director del DAPRE y de la Dirección Nacional de Inteligencia. La justicia colombiana lo requiere por delitos de cohecho, peculado y lavado de activos en el marco del escándalo de la UNGRD. Pese a estar prófugo desde julio de 2025, trascendió que residió varios meses en la casa diplomática de Colombia en Managua, en el barrio Las Colinas, y utilizó incluso vehículos oficiales.
El hecho generó fuertes críticas políticas y abrió un debate sobre el rol de la Cancillería. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores ha negado haber autorizado trámites de residencia o facilitado la sede diplomática, la Procuraduría avanza para determinar si hubo omisión o complicidad de funcionarios en el proceso.
La inspección incluye el rastreo de correos electrónicos oficiales y comunicaciones entre Bogotá y la misión diplomática en Managua. Los investigadores también solicitarán a Migración Colombia información sobre eventuales registros de ingreso y salida de González hacia Nicaragua, así como los procedimientos de validación de su estatus migratorio.
El alcance de la diligencia es amplio. Por un lado, busca establecer si se incurrió en faltas disciplinarias. Por otro, se convierte en insumo clave para la investigación penal en curso sobre la red de corrupción de la UNGRD. “Lo que se busca es la trazabilidad de decisiones administrativas y el grado de conocimiento de las mismas dentro de la estructura de Cancillería”, agregó otra fuente consultada.
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El caso tomó un nuevo giro el 20 de agosto, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua otorgó asilo político a González. La medida desató una crisis diplomática, ya que Colombia insiste en que no se trata de persecución política sino de delitos comunes que deben responderse ante la justicia ordinaria.
El presidente Gustavo Petro reiteró que su gobierno no autorizó ningún trámite de residencia y solicitó la entrega del exfuncionario. “Colombia ha pedido formalmente la cooperación de Nicaragua para que González comparezca ante los jueces”, dijo en un pronunciamiento público desde la Casa de Nariño.
La tensión bilateral escaló con el rechazo de Bogotá al asilo concedido. Según expertos en derecho internacional, el Tratado de Extradición vigente entre ambos países desde 1929 establece que la protección política no aplica en casos de corrupción o delitos comunes. No obstante, la decisión de Managua fortalece la narrativa de González como perseguido político, lo que complica el escenario diplomático.
Mientras tanto, la Procuraduría mantiene el foco en su competencia interna. La diligencia en curso en la Cancillería hace parte de una serie de actuaciones que podrían extenderse a otras dependencias del Ejecutivo. Migración Colombia y la Embajada en Managua también estarían bajo el radar disciplinario. La prioridad es determinar cómo un exfuncionario con orden de captura terminó residiendo en un inmueble oficial.
Fuentes cercanas a la investigación señalan que el equipo de la Procuraduría permanecerá varias horas en la sede ministerial, con acceso a expedientes clasificados y soporte documental reservado. Los hallazgos preliminares se consolidarán en un informe interno que, dependiendo de las pruebas, dará paso a la apertura formal de procesos disciplinarios.
El escándalo por la permanencia de González en Nicaragua se convirtió en uno de los mayores golpes políticos para el gobierno Petro en lo que va de 2025. En el Congreso, partidos de oposición han solicitado la renuncia de la canciller y la apertura de un debate de control político. Desde el oficialismo, en cambio, insisten en que se trata de un montaje para debilitar al Ejecutivo.
La opinión pública sigue atenta a cada movimiento. Para muchos ciudadanos, el caso refleja la fragilidad institucional frente a la corrupción y la utilización de canales diplomáticos para fines particulares. Otros destacan que la investigación disciplinaria podría convertirse en un punto de inflexión para determinar responsabilidades dentro del gobierno.
Por ahora, la noticia sigue en desarrollo. La visita de inspección en la Cancillería continuará en las próximas horas y se espera que en el transcurso de la semana se conozcan avances oficiales sobre los resultados preliminares.
