Colombia - La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por diez años al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán. La decisión se tomó tras comprobar que Leyva habría infringido los principios de contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes. Según el fallo, su conducta vulneró los principios de transparencia, economía y responsabilidad, esenciales en los procesos contractuales.
El proceso investigativo se centró en determinar si Leyva obró con dolo al desestimar la licitación pública y optar por un esquema de contratación directa. La Procuraduría sostuvo que su actuación comprometió la eficiencia en la gestión de recursos públicos. “El proceso licitatorio fue manejado de manera contraria a los intereses de la administración”, afirmó el ente de control.
Sin embargo, el fallo no fue completamente adverso para Leyva. La Procuraduría lo absolvió en el cargo de responsabilidad por la declaración de urgencia manifiesta y el uso de la contratación directa, señalando que en este caso no se configuraron irregularidades graves. Este punto abre un matiz en el análisis de su gestión, mostrando que no todos los procedimientos realizados fueron considerados dolosos.
El exministro tiene la posibilidad de apelar la sanción ante el despacho de la Procuradora General. De ser admitida, esta instancia revisará los argumentos presentados y podría modificar la decisión inicial. Leyva ha manifestado su intención de agotar todas las vías legales para revertir la medida. “Confío en que la justicia prevalecerá”, expresó en una reciente declaración pública.
Este fallo resalta la importancia del cumplimiento estricto de los principios de contratación pública. Casos como este subrayan la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia en los procesos licitatorios, especialmente en aquellos que involucran bienes de alta demanda como los pasaportes. La sanción a Leyva marca un precedente en la administración pública y podría influir en la gestión futura de contratos estatales.
