Colombia - El Senador David Luna ha manifestado su preocupación sobre un borrador de Decreto publicado por el Gobierno Petro, el cual permitiría la legalización de cultivos de coca en Colombia, bajo el pretexto de que estos puedan ser utilizados con fines médicos y científicos. Esta propuesta ha generado polémica, pues según Luna, representa una maniobra para legalizar indirectamente estos cultivos, lo que podría tener efectos negativos sobre la seguridad del país y el control de organizaciones criminales.
Luna subrayó que el borrador de este Decreto permitiría al Consejo Nacional de Estupefacientes aprobar la compra de cultivos preexistentes de coca para fines científicos o médicos. Según Luna, esta medida abriría la puerta a la legalización de estos cultivos, ya que el Estado podría adquirirlos utilizando recursos públicos, lo cual, para él, contravendría las leyes colombianas y podría favorecer a grupos criminales. "Este Decreto establece un mecanismo que permitiría al Estado comprar cultivos de coca preexistentes, lo que constituye una legalización indirecta", expresó Luna.
El Senador David Luna destacó la gravedad de este decreto en un momento en el que Colombia enfrenta una crisis de cultivos ilícitos. Actualmente, el país cuenta con aproximadamente 253.000 hectáreas de coca, según el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esta producción está vinculada a organizaciones armadas ilegales que financian sus actividades a través del narcotráfico. Para Luna, permitir la compra de estos cultivos con fondos públicos es una forma de respaldar, directa o indirectamente, a estos grupos.
Además, Luna recordó que muchas de las organizaciones involucradas en el narcotráfico en Colombia, como el Clan del Golfo y el ELN, figuran en la lista OFAC o Lista Clinton, lo que implica sanciones internacionales. Según el Senador, permitir que los recursos públicos se destinen a la compra de estos cultivos podría poner en riesgo la seguridad nacional y enviar un mensaje equivocado al mundo sobre la postura del gobierno colombiano frente al narcotráfico.
El artículo que ha generado la controversia, el 2.2.2.9.5.1 del Decreto, establece que el Consejo Nacional de Estupefacientes podrá aprobar la compra de cultivos preexistentes para usos médicos o científicos. Luna considera que esta es una medida que va en contra de la ley y, por lo tanto, no debe aprobarse sin el debido debate legislativo. "La tipificación del cultivo de coca como delito es competencia exclusiva del Congreso. Si el Presidente quiere modificarla, debe presentar una propuesta legislativa ante el Congreso, no un Decreto", argumentó Luna en su comunicado.
El proyecto de Decreto ha generado un amplio debate, ya que algunos lo interpretan como un intento de legalizar los cultivos de coca bajo un marco controlado, mientras que otros, como Luna, lo consideran un paso peligroso hacia la normalización de la producción de drogas. Para Luna, esta medida podría tener consecuencias graves en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. "Lo que se está haciendo es abrir la puerta para que los recursos públicos financien, directa o indirectamente, el narcotráfico", aseguró.
La polémica sobre el decreto también ha generado reacciones dentro de la oposición política. Miembros de la oposición han cuestionado la medida y la han calificado como un intento del gobierno de legalizar la cocaína bajo el pretexto de fines científicos y médicos. Para estos sectores, la propuesta plantea riesgos significativos y podría dificultar aún más la erradicación de los cultivos ilícitos.
Aunque el Gobierno Nacional no ha dado una respuesta oficial sobre las críticas de Luna, se espera que el tema sea discutido en el Congreso en las próximas semanas. En este contexto, el Gobierno deberá aclarar si el objetivo de este Decreto es realmente erradicar el narcotráfico o, por el contrario, regular la cocaína.
En tanto, fuentes cercanas al Gobierno han defendido la iniciativa, asegurando que la medida busca enfrentar la creciente demanda internacional de productos derivados de la coca. Estas fuentes también aseguran que el proceso de compra de cultivos de coca estaría estrictamente controlado y regulado, con el fin de evitar que estos recursos terminen en manos de grupos criminales.
