Bogota - La Corte Constitucional ha emitido un fallo relevante relacionado con la declaración de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. En una votación mayoritaria de seis a favor y tres en contra, el tribunal ha declarado como inexequible el decreto que establecía esta emergencia en la región.
La Corte ha tomado una medida drástica al declarar que el decreto de emergencia en La Guajira no se ajusta a la constitución. Sin embargo, esta decisión viene acompañada de un período de un año en el que se espera que el Gobierno, en colaboración con las entidades y autoridades regionales, encuentre soluciones y promulgue normativas alternativas para abordar la crisis que enfrenta La Guajira.
Además de la anulación del decreto, la Corte ha introducido efectos diferidos en su fallo, lo que significa que durante el próximo año, se buscará evitar problemas adicionales en La Guajira, particularmente en áreas fundamentales como el suministro de agua y la atención médica.
El Gobierno había declarado el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira a través del Decreto 1085 de 2023, emitido el 2 de julio de ese año. Esta medida se adoptó en respuesta a la prolongada crisis que afecta al departamento.
No obstante, la Procuraduría presentó una objeción al decreto de emergencia ante la Corte Constitucional hace aproximadamente un mes, argumentando que era inconstitucional. La entidad sostenía que la crisis en La Guajira no era "sobreviniente" y que podía abordarse mediante una gestión administrativa más efectiva.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, expresó su desacuerdo con la posición de la Procuraduría, sosteniendo que la situación en La Guajira es un problema más profundo que requiere atención inmediata.
Cabe recordar que el Gobierno anunció recientemente que proporcionaría recursos a 30.000 familias wayúu desde el Departamento de Prosperidad Social para aliviar la crisis en la región. Estas familias recibirán un subsidio de 500.000 pesos después de las próximas elecciones de octubre.
En resumen, la Corte Constitucional ha tomado una decisión importante que plantea interrogantes sobre el enfoque gubernamental para abordar la crisis en La Guajira. A medida que el decreto se suspende por un año, se abre un período de revisión y discusión sobre las mejores formas de abordar esta problemática estructural en la región. Las implicaciones de esta decisión resonarán tanto en La Guajira como en todo el país en los meses venideros.
