Colombia - La Costa Caribe Colombiana enfrenta un grave riesgo de racionamiento o interrupción del servicio de energía eléctrica que podría afectar a más de 10 millones de personas en todo el país, según la Contraloría General de la República. Esta situación, que también se extiende a regiones como Nariño, Chocó y Puerto Carreño, se deriva de la falta de pago de los subsidios por parte del Gobierno nacional a las empresas prestadoras del servicio, un problema que podría dejar sin energía a ciudades claves como Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Sincelejo y Montería, siendo Barranquilla una de las más afectadas.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió que el retraso en los pagos de los subsidios a las empresas de energía ha creado un "riesgo inminente" de racionamiento en varias regiones del país. Estos subsidios son fundamentales para garantizar que los estratos 1 y 2, que representan una porción significativa de la población en la Costa Caribe, puedan continuar recibiendo el servicio de energía eléctrica. Sin estos pagos, las empresas se ven en dificultades para operar de manera eficiente, lo que pone en peligro la continuidad del servicio.
En Barranquilla, la situación es especialmente crítica. La ciudad, que depende en gran medida de los subsidios para asegurar el suministro de energía a los sectores más vulnerables, enfrenta la posibilidad de interrupciones que afectarían no solo a los hogares, sino también a servicios esenciales como hospitales, escuelas y el comercio local. La posibilidad de que estos cortes se materialicen ha generado preocupación entre las autoridades locales y los ciudadanos, quienes temen el impacto que esto tendría en la vida diaria y la economía de la región.
El problema se agrava por la falta de acción por parte de las entidades responsables. Según la Contraloría, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, encargadas de supervisar la eficiencia en la prestación de servicios públicos domiciliarios, no han tomado medidas concretas para abordar esta crisis. Esta inacción ha sido señalada como una de las razones por las cuales el problema ha llegado a este punto crítico.
Además del retraso en el pago de los subsidios, la Contraloría General también identificó otros factores que contribuyen al riesgo de racionamiento. Uno de ellos es la deuda acumulada por los recursos no recaudados a través de la "opción tarifaria", una medida implementada durante la pandemia que congeló las tarifas de energía para aliviar el gasto de los hogares colombianos. Aunque esta medida fue bienvenida por muchos, su implementación sin un plan claro de reembolso ha dejado a las empresas de energía en una situación financiera precaria.
Otro factor que agrava la situación es el incumplimiento de obligaciones por parte de los operadores de red con el mercado mayorista de energía. Este incumplimiento ha generado tensiones en el suministro de energía, ya que los generadores se ven limitados en su capacidad para abastecer a los operadores de red, especialmente a las empresas que operan en la Costa Caribe. La combinación de estos factores ha creado un escenario en el que la continuidad del servicio de energía está seriamente comprometida.
La Contraloría General ha hecho un llamado urgente al Gobierno nacional y a las entidades involucradas para que tomen medidas inmediatas que regularicen el giro de los subsidios de energía y garanticen la continuidad del servicio en la región. La falta de acción, advirtió el contralor, podría desencadenar un "riesgo sistémico" a nivel nacional, afectando no solo a la Costa Caribe, sino también a otras regiones del país que dependen del suministro continuo de energía.
Las autoridades locales en Barranquilla y otras ciudades de la región Caribe también han sido instadas a revisar sus presupuestos para asegurar que cuentan con los fondos necesarios para el pago de los servicios públicos domiciliarios. La falta de apropiación de estos recursos ha sido identificada como otro factor que podría empeorar la situación, y la Contraloría ha advertido que esta omisión podría constituir una falta disciplinaria grave.
