Puerto Colombia — La Fiscalía General de la Nación practicó una inspección judicial en la Alcaldía de Puerto Colombia y requirió documentos relacionados con la transferencia de dos predios a particulares durante la administración de Steimer Mantilla. La actuación busca establecer cómo se produjeron las transferencias de 2017 y qué documentos respaldaron las decisiones que llevaron los terrenos a manos privadas.
La diligencia fue realizada por investigadores del CTI este 2 de octubre. La Alcaldía informó que funcionarios de la Administración atendieron al equipo investigador y entregaron la información requerida dentro de la actuación.
Los documentos solicitados corresponden a actuaciones administrativas producidas durante la administración de Mantilla y están relacionados con dos terrenos que habían llegado al municipio para destinaciones de uso público. Uno de ellos terminó en manos de Francisco Javier Pizarro Guerra y el otro fue cedido a Alfredo Manuel Montoya Hoyos.
Los dos predios que aparecen en los documentos
El primero corresponde a un terreno de más de 5.300 metros cuadrados, surgido de la división del predio conocido como Pajonal. El inmueble fue adjudicado a Pizarro Guerra bajo la figura de vivienda de interés social.
La cesión ocurrió en 2017, cuando Mantilla era alcalde de Puerto Colombia. Posteriormente, la actual administración municipal recuperó el terreno y sostuvo que se trataba de un inmueble destinado al uso público. Esa actuación convirtió al predio en uno de los antecedentes que rodean el caso que ahora examina la Fiscalía.
El segundo terreno tiene alrededor de 33.000 metros cuadrados, está ubicado en la carrera 20 con calle 2 y fue entregado a Montoya Hoyos. De acuerdo con las estimaciones conocidas sobre el inmueble, su valor supera los $10.000 millones.
Los dos casos tienen un punto en común: las transferencias fueron realizadas durante la misma administración y mediante actuaciones administrativas que ahora hacen parte de la documentación que interesa a los investigadores.
En el terreno de mayor extensión aparece además un documento cuya autenticidad ha sido cuestionada. En la resolución relacionada con la cesión figura una firma atribuida a Mantilla. El exalcalde ha sostenido que esa firma fue falsificada.
La afirmación de Mantilla es una de las piezas que deberán ser contrastadas dentro de la investigación. La existencia del documento y el cuestionamiento sobre su firma pueden ser narrados como hechos del caso, pero la eventual falsedad no está establecida judicialmente.
El inmueble de 33.000 metros cuadrados también fue subdividido posteriormente y quedó relacionado con diferentes matrículas inmobiliarias. Esa situación registral ha generado otros cuestionamientos sobre la identificación y trayectoria jurídica del terreno.
La inspección puso los actos de 2017 sobre la mesa
Con la inspección judicial, los investigadores llegaron a la documentación producida por la Alcaldía en el momento en que se realizaron las cesiones. Allí están las resoluciones, soportes administrativos y demás documentos que pueden permitir reconstruir la secuencia de las transferencias.
La Alcaldía entregó la información solicitada por el CTI. Su participación en la diligencia corresponde a la administración que actualmente está al frente del municipio y que, en el caso del predio de menor extensión, ya había adoptado medidas para recuperar el inmueble.
La actuación de la Fiscalía ocurre además mientras la Superintendencia de Notariado y Registro revisa folios relacionados con estos predios. Esa entidad adelanta actuaciones preventivas para examinar su situación jurídica y registral, sin que esas medidas constituyan por sí mismas una decisión sobre la propiedad de los inmuebles.
El caso tiene entonces varios documentos que deberán ser confrontados: los actos mediante los cuales se hicieron las cesiones, los soportes que acompañaron esas decisiones, los registros posteriores de los terrenos y, en el caso del predio de mayor extensión, el documento cuya firma Mantilla cuestiona.
La investigación busca establecer qué ocurrió con esos actos y cuáles fueron las circunstancias que permitieron que los terrenos terminaran en manos de particulares. Esa determinación corresponde a la Fiscalía y no puede anticiparse a partir de la sola práctica de la inspección.
Por ahora, la actuación del 2 de octubre deja un dato concreto: la Fiscalía está revisando directamente la documentación de la Alcaldía relacionada con las transferencias de 2017. El contenido de esos documentos y las conclusiones que obtenga el ente investigador serán los que permitan establecer qué ocurrió con los dos predios y si de esas actuaciones se desprenden responsabilidades.
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