Colombia - La Registraduría Nacional respondió a las denuncias electorales del presidente Gustavo Petro y aseguró que varios de los cuestionamientos sobre censo, mesas y software fueron explicados, socializados o auditados antes de la jornada electoral mediante documentos, actas e informes elaborados durante la organización del proceso.
La controversia se intensificó después de que el mandatario cuestionara posibles modificaciones al software electoral, diferencias en el censo de votantes, variaciones en el número de puestos y mesas de votación y la existencia de más de 5.300 mesas que, según su interpretación, presentan comportamientos que ameritan una investigación por parte de las autoridades competentes.
Vea trino del presidente ⤵️
Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente.
Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos.
Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país por el que he luchado toda mi…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 2, 2026
Frente a esos señalamientos, la respuesta institucional se apoya en documentación producida antes de las elecciones. Según la Registraduría, varios de los temas hoy convertidos en motivo de controversia fueron discutidos durante las mesas técnicas realizadas entre marzo y mayo con participación de campañas políticas, organismos de control, observadores y equipos auditores. Esas reuniones sirvieron para presentar cifras, cronogramas, aspectos operativos y componentes tecnológicos del proceso electoral.
Uno de los puntos utilizados para responder a Petro corresponde al censo electoral. El mandatario sostiene que existen diferencias entre las cifras oficiales y otros datos que, según ha señalado, aparecieron posteriormente dentro de sistemas relacionados con la organización electoral. La respuesta oficial indica que el censo definitivo fue presentado y socializado antes de la elección y que la información relacionada con los ciudadanos habilitados para votar hizo parte de los ejercicios de seguimiento realizados durante el calendario electoral.
Otro de los cuestionamientos formulados por el presidente está relacionado con las diferencias observadas entre el número de mesas nacionales y las cifras reflejadas en algunos sistemas electorales. Petro considera que esas variaciones constituyen uno de los elementos que deberían ser examinados dentro de las investigaciones que ha solicitado públicamente. La explicación entregada por la Registraduría apunta a que esa diferencia obedece a la incorporación de las mesas habilitadas en el exterior, cuyos puestos comenzaron a operar antes de la jornada desarrollada en territorio nacional.
La documentación presentada por la autoridad electoral indica que las explicaciones sobre puestos, mesas y Divipol fueron abordadas durante los encuentros técnicos previos a la elección. Esos registros hacen parte de los documentos que la entidad utiliza ahora para responder a las denuncias del jefe de Estado.
La defensa institucional se apoya en actas y auditorías previas
La controversia también alcanza a las mesas con altos niveles de participación. Petro afirmó que existen más de 5.300 mesas cuyos resultados presentan características que considera atípicas y que, a su juicio, requieren una revisión detallada. Frente a ese señalamiento, la Registraduría sostiene que los potenciales de votación variaban dependiendo del tipo de puesto electoral y que esos parámetros fueron explicados antes de la elección dentro de las reuniones técnicas realizadas con campañas y equipos auditores.
Vea video Respuesta Registraduría ⤵️
Las explicaciones presentadas durante esas mesas muestran que los potenciales no eran uniformes para todas las mesas debido a diferencias operativas entre puestos urbanos, rurales, especiales y ubicados en el exterior. Según la respuesta oficial, esos potenciales fueron divulgados antes de la elección y conocidos por las campañas políticas. "Los potenciales se publicaron en las resoluciones 4601 y 4602 del 4 de mayo y fueron socializados con los representantes de las campañas", señaló la Registraduría al responder los cuestionamientos formulados por el presidente.
Otro de los aspectos centrales de la controversia corresponde al software electoral. Petro ha cuestionado la transparencia de los sistemas utilizados durante el proceso y sostiene que existieron modificaciones que deberían ser objeto de verificación por parte de las autoridades encargadas de investigar sus denuncias. La respuesta institucional indica que los procedimientos de auditoría y seguimiento técnico fueron informados previamente a las organizaciones políticas y que las actividades de revisión hicieron parte del cronograma electoral.
Las actas registran discusiones sobre auditorías, participación de equipos técnicos y mecanismos de verificación. Para la Registraduría, esos documentos muestran que las inquietudes relacionadas con el software no surgieron únicamente después de la elección, sino que formaron parte de las conversaciones desarrolladas durante las etapas previas de organización electoral.
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La entidad también respalda su posición en informes de auditoría y registros de seguimiento realizados durante el calendario electoral. Según la documentación presentada, esos mecanismos permitieron revisar componentes tecnológicos y operativos vinculados con la organización de las elecciones y dejaron evidencia sobre los procedimientos aplicados antes de la jornada.
La respuesta institucional se produce en medio de un debate político que ha escalado desde las redes sociales hacia la discusión pública sobre la transparencia electoral. Mientras Petro sostiene que existen elementos suficientes para justificar una investigación sobre el proceso, la Registraduría insiste en que los aspectos cuestionados cuentan con antecedentes documentales que fueron conocidos y discutidos antes de las votaciones.
Aunque la autoridad electoral rechaza los señalamientos formulados por el mandatario y asegura que dispone de documentación para respaldar sus explicaciones, la controversia continúa abierta en el escenario político. Hasta el momento no existe una decisión de autoridad competente que determine de manera definitiva el alcance de las denuncias presidenciales ni la validez de los argumentos expuestos por cada una de las partes.
