COLOMBIA — El presidente Gustavo Petro pidió explicaciones públicas a la Policía Nacional luego de una denuncia difundida en redes sociales sobre presuntas irregularidades durante el traslado de material electoral en Chinú, Córdoba, hecho que posteriormente fue rechazado oficialmente por la Registraduría Nacional.
La controversia comenzó tras una publicación difundida en X por el periodista José Jorge Otero, de NotiChinú, quien aseguró que ciudadanos, medios locales y veedores denunciaban aparentes anomalías durante el traslado del material electoral en el municipio cordobés.
Según el mensaje divulgado en redes sociales, parte del material habría sido descargado antes de llegar a la sede de la Registraduría en Chinú. La publicación también mencionaba al contratista Tomás Greg & Sons y señalaba presuntas irregularidades relacionadas con la custodia del proceso electoral.
La denuncia empezó a circular rápidamente en plataformas digitales y terminó escalando al escenario político nacional después de captar la atención del presidente Gustavo Petro. El mandatario reaccionó directamente desde su cuenta oficial y pidió explicaciones al director de la Policía Nacional.
“El cuidado del voto ciudadano comienza por garantizar que las urnas están vacías antes de comenzar las elecciones”, escribió Petro en su publicación. El presidente también pidió que ciudadanos permanezcan vigilando los escrutinios después del cierre de mesas para supervisar el conteo de votos.
En el mismo mensaje, Petro recomendó a los electores llevar sus propios esferos durante la jornada electoral y lanzó cuestionamientos sobre posibles alteraciones tecnológicas en los procesos de escrutinio. Sus declaraciones aumentaron el debate político alrededor de las garantías electorales.
La reacción presidencial se produjo en medio de un ambiente nacional marcado por discusiones sobre transparencia electoral, vigilancia ciudadana y confianza institucional. El episodio de Chinú rápidamente dejó de ser un hecho local y pasó a instalarse en la conversación política nacional.
Las publicaciones cruzadas entre sectores críticos y cuentas institucionales aumentaron la exposición pública del caso durante las horas siguientes. La discusión se concentró principalmente en las condiciones de custodia del material electoral y en el papel de la Policía durante el operativo.
Registraduría rechaza irregularidades
Horas después de la reacción presidencial, la Registraduría Nacional emitió un pronunciamiento oficial negando cualquier anomalía durante el traslado del material electoral. La entidad aseguró que todo el procedimiento se desarrolló bajo custodia permanente de la Fuerza Pública.
La Registraduría explicó que durante el recorrido hacia la sede municipal se presentó una congestión vehicular que se prolongó aproximadamente durante tres minutos. Según la entidad, el periodista José Jorge Otero solicitó a los uniformados habilitar el paso mientras el operativo seguía en ejecución.
De acuerdo con la versión institucional, los policías indicaron al comunicador que debía esperar hasta completar el procedimiento de seguridad. Posteriormente, la entidad sostuvo que el periodista desacató las instrucciones impartidas por los uniformados y utilizó improperios contra los agentes.
La Registraduría afirmó que esa situación derivó en la imposición de un comparendo por parte de la Policía Nacional. Además, insistió en que el material electoral nunca perdió custodia durante el recorrido y llegó “en perfectas condiciones” al municipio.
El organismo electoral también recordó que los kits utilizados durante las jornadas electorales cuentan con sistemas de georreferenciación y monitoreo permanente. Según la entidad, esos mecanismos permiten verificar la trazabilidad del material durante su transporte.
La controversia dejó instaladas dos versiones completamente distintas sobre lo ocurrido en Chinú. Mientras la denuncia inicial hablaba de posibles irregularidades durante la entrega del material electoral, la Registraduría sostuvo que todo correspondió a un procedimiento normal de seguridad.
Hasta ahora no han sido divulgadas pruebas independientes que confirmen la existencia de manipulación o apertura irregular de los kits electorales. Tampoco se conocen videos completos del operativo que permitan establecer con precisión qué ocurrió durante el traslado.
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La Policía Nacional tampoco ha emitido un pronunciamiento independiente adicional a la versión difundida por la Registraduría. El debate sigue moviéndose principalmente en escenarios políticos y digitales, donde el caso continúa generando reacciones.
La controversia volvió a poner sobre la mesa las discusiones sobre garantías electorales y mecanismos de vigilancia ciudadana durante los escrutinios. Las declaraciones de Petro reforzaron las dudas expresadas por sectores que cuestionan los controles aplicados al proceso electoral.
Aunque la Registraduría sostiene que no existió ninguna irregularidad en Chinú, el episodio volvió a demostrar cómo una denuncia originada en un municipio puede escalar rápidamente al debate nacional cuando involucra directamente a la Presidencia y a las autoridades electorales.
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