Colombia - El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla recuperó la libertad por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó su salida inmediata al considerar configurado el vencimiento de términos, aunque el proceso judicial en su contra por el caso UNGRD continúa activo.
La determinación fue adoptada por la magistrada Isabel Álvarez Fernández, quien concluyó que la Fiscalía no presentó el escrito de acusación dentro del plazo legal establecido, fijado en 120 días desde la imputación. La orden se produjo durante audiencia realizada el 7 de abril, cuando ya se había superado el término previsto por la norma.
La magistrada sostuvo que los términos procesales son claros y no admiten interpretaciones extensivas que desconozcan las garantías del procesado, al sustentar la decisión que derivó en la libertad inmediata del exfuncionario.
El vencimiento de términos es una figura jurídica que obliga a cesar medidas de aseguramiento cuando el Estado no cumple los plazos establecidos para avanzar en el proceso penal. Esta herramienta busca evitar detenciones prolongadas sin avance sustancial en el juicio y está ligada al principio de debido proceso. En este caso, la decisión no implica absolución ni un pronunciamiento sobre la responsabilidad de Bonilla, sino una consecuencia directa de los tiempos procesales. Es decir, el proceso continúa, pero el imputado enfrenta el juicio en libertad.
En términos prácticos, el debate se centra en el momento exacto desde el cual deben empezar a contarse esos plazos, lo que en derecho se conoce como “dies a quo”. Este punto resulta determinante, ya que una diferencia de días puede cambiar completamente la situación jurídica del procesado, como ocurrió en este caso.
Pese a recuperar la libertad, Bonilla continúa vinculado a la investigación por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que enfrenta imputaciones por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
Choque entre Fiscalía y Tribunal por los plazos
La decisión judicial abrió un nuevo frente de controversia entre la Fiscalía General de la Nación y el Tribunal Superior de Bogotá, centrado en la interpretación de los términos legales aplicables al caso. Este tipo de discusiones no es menor dentro del sistema penal colombiano, ya que define los límites entre la eficiencia investigativa del Estado y la protección de las garantías individuales.
En este caso puntual, la diferencia radica en el punto de partida del conteo del término, lo que generó dos lecturas opuestas con efectos inmediatos sobre la libertad del exministro.
El ente acusador sostuvo durante la audiencia que sí actuó dentro del plazo, argumentando que el término debía contarse desde la privación efectiva de la libertad del exministro, ocurrida el 18 de diciembre de 2025, y no desde la imputación, como lo interpretó el Tribunal. Bajo ese criterio, la Fiscalía aseguró que aún no se había vencido el plazo legal para presentar la acusación al momento de la audiencia.
Sin embargo, la magistrada Álvarez Fernández acogió la tesis de la defensa, según la cual el plazo aplicable era de 120 días, ya vencido al momento de la audiencia. Bajo ese criterio, la acusación presentada resultó extemporánea.
La defensa del exministro celebró la decisión y cuestionó el actuar de la Fiscalía, señalando que la radicación del escrito en plena audiencia evidenciaba una actuación tardía que vulneraba las garantías procesales del acusado.
El caso de la UNGRD ha sido uno de los más sensibles dentro del actual escenario político y judicial del país, al involucrar presuntos manejos irregulares de recursos públicos y la posible asignación de contratos a cambio de apoyos políticos. La investigación apunta a un esquema en el que recursos destinados a la atención de emergencias habrían sido redirigidos para favorecer intereses particulares, lo que elevó el impacto del caso a nivel nacional.
Este escándalo ha salpicado a varios funcionarios y ha puesto en el centro del debate la transparencia en el manejo de fondos públicos, así como los controles institucionales sobre entidades encargadas de la gestión del riesgo.
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Bonilla permanecía privado de la libertad desde diciembre de 2025, tras su captura en el marco de la investigación por la UNGRD. Desde entonces, el proceso ha avanzado entre audiencias de imputación, solicitud de medidas de aseguramiento y recolección de pruebas por parte de la Fiscalía.
La evolución del caso ha estado marcada por decisiones judiciales clave y por la creciente atención pública, debido tanto a la relevancia del exfuncionario como al volumen de recursos presuntamente comprometidos.
La decisión del Tribunal no cierra el proceso, que continuará su curso en las instancias judiciales correspondientes. La Fiscalía, junto con otras entidades y representantes de víctimas, anunció la interposición de recursos para controvertir la orden de libertad.
El caso deja abierto un debate más amplio sobre la capacidad del sistema judicial para cumplir sus propios tiempos y sobre las consecuencias que tienen los retrasos procesales en investigaciones de alto impacto. Mientras se resuelve la controversia, el proceso contra Bonilla sigue vigente y bajo la atención pública.
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